La condena al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, sigue generando debate en el tablero político. Después de que el Supremo haya pedido a la presidenta del Congreso que informe de la fecha de inicio de la inhabilitación, Meritxell Batet, ha aplazado su decisión y ha solicitado aclaraciones al tribunal sobre el alcance de la sentencia.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido dirigirse al Tribunal Supremo para que especifique los efectos de la sentencia contra el diputado Alberto Rodríguez, que fue condenado a 1 mes y medio de cárcel por atentado contra agentes de la autoridad, y a la pena accesoria de inhabilitación espacial para el sufragio pasivo durante el mismo tiempo. La pena de prisión fue sustituida por una multa que el diputado ya ha abonado, pero el Supremo insiste en que debe perder su escaño.
Batet ha reunido de urgencia a la Mesa del Congreso, y se ha vivido un acalorado debate entre quienes defienden que Rodríguez debe conservar su escaño y quienes sostienen que ha de ser inhabilitado. La presidenta ha decidido entonces solicitar al Supremo que aclare el alcance de la condena al diputado de Podemos.
La presidenta del Congreso es partidaria de retirar el escaño a Rodríguez
Los miembros de la Mesa del PSOE y Unidas Podemos se han mostrado partidarios de que Rodríguez siga siendo diputado, mientras el PP y Vox han reclamado que se dé cumplimiento a la sentencia del Supremo. Según ha asegurado la formación de Santiago Abascal, Batet también se habría posicionado a favor de retirar el acta al diputado, aunque ha optado por pedir una aclaración al tribunal.
Vox ha apuntado a "presiones externas" a Batet tras la reunión de la Mesa del Congreso, ya que "en todo momento" había manifestado su intención de retirar el acta al diputado 'morado'.
La pérdida del escaño de Rodríguez podría provocar un nuevo choque entre los socios del Gobierno, por lo que la presidenta de la Cámara baja ha optado por ganar algo de tiempo con su petición al Supremo.
Vox ha subrayado que "el alcance de la sentencia no admite interpretación ya que la sustitución de la pena de cárcel por una multa, no sostenía la caducidad de la pena de inhabilitación especial".
La formación de extrema derecha ha recordado que "no es la presidenta quien le quita el escaño, sino el Tribunal Supremo", por lo que "la presidencia solo puede serviri la intendencia y poner en marcha el procedimiento para hacer ejecutivo ese fallo".
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