Durante esta tensa jornada en el Congreso de los Diputados, uno de los protagonistas ha sido el ministro de Transportes, Oscar Puente, quien pese a las críticas de la oposición ha garantizado este miércoles que será "implacable" con la corrupción y que decidirá si acomete más "ceses" en su departamento en función de cómo evolucionen la investigación judicial y la auditoría que ha puesto en marcha sobre los contratos suscritos en pandemia para la adquisición de mascarillas a raíz del 'caso Koldo', pero ha rechazado se que abra una "causa general" contra su departamento.
"Seré implacable con la corrupción. Implementaré cuantas medidas sean precisas para minimizar el riesgo de que pueda producirse en el futuro una situación de esta naturaleza. Y respecto a mi personal, tomaré las decisiones que sean coherentes con la evolución de las investigaciones", ha incidido en relación con el caso de las presuntas comisiones irregulares por la compra de mascarillas y la auditoría encargada.
Ha comparecido en el pleno de la Cámara Baja a solicitud del PP, para rendir cuentas por el conocido como 'caso Koldo', donde ha admitido que "pudo haber quien se lucrara de forma indigna" en aquella situación de emergencia sanitaria, pero ha recalcado que no se puede permitir que eso "tape el buen hacer" de los profesionales que se dejaron "la piel" aquellos días.
No puede "responder" por el nombramiento de Koldo García
Eso sí, Puente ha hecho hincapié en que él no puede "responder por el nombramiento" de Koldo García Izaguirre, el que fuera asesor del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y ha remarcado que tampoco le corresponde "exigirle ninguna responsabilidad porque ya no presta servicios" en el ministerio.
"Confío en que la justicia determinará si se cobraron comisiones ilegales por compra de mascarillas durante la pandemia y que los culpables paguen por los delitos que hayan cometido", ha enfatizado, pidiendo que se deje trabajar a la Justicia con la que su ministerio, ha dicho, está colaborando, y sin perder de vista "el respeto a los derechos fundamentales que exige cualquier Estado de Derecho".
Puente ha condicionado sus futuras decisiones al resultado de la investigación judicial y de la auditoría que ha encargado. Ha resaltado que esas pesquisas las están realizando profesionales "independientes e inamovibles" que están trabajando con "total independencia" y que ya han recabado mucha información que están analizando.
También ha destacado que el objetivo de esa auditoría es que se eleven "a los responsables del ministerio y de sus entidades adscritas recomendaciones para la mejora de la organización y fijar procedimientos para prevenir cualquier riesgo de eventuales situaciones contrarias a la ética o al interés público".
En cualquier caso, ha recordado que ni el Tribunal de Cuentas ni la Intervención General del Estado detectaron "deficiencias graves" en aquellos contratos de emergencia con la trama con la que se vincula al ex asesor de Ábalos.
"Una cosa es que un grupo de personas hayan podido tener un comportamiento ilícito y otra bien distinta es que dicho comportamiento haya sido conocido o consentido por ninguna de las personas que ahora mismo ostentan responsabilidades en el ministerio que dirijo", ha apuntado el ministro.
Justifica las compras a través de Puertos del Estado y Adif
Además, Puente ha vuelto a justificar que en marzo de 2020 el ministerio autorizara la adquisición centralizada de mascarillas a través de 2 entes públicos adscritos al ministerio como Puertos del Estado primero y Adif después.
Según ha asegurado, era necesario actuar con inmediatez para hacerse con material sanitario destinado a proteger a las personas que trabajaban en los servicios esenciales y se optó por acudir a las citadas entidades por su experiencia en las compras y su capacidad presupuestaria para hacerlas con rapidez.
El ministro también ha señalado el hecho de que, ante el "desabastecimiento total" y la escasez de equipos de protección se "flexibilizó el régimen aplicable a la contratación" y se "redujeron al mínimo los requisitos administrativos" para llevarlas a cabo.
En relación con los contratos, ha mencionado que dada la escasez se decidió permitir la compra de material sin el sello europeo y se tomaron por ley medidas "excepcionales y transitorias" como la utilización de "mascarillas alternativas" y se estableció la "equivalencia entre las FFP2 y las KN95".
El Ministerio de Fomento, según ha detallado, adquirió KN95 a un precio entonces "razonable" y las que se advirtieron que eran defectuosas "se devolvieron a la empresa suministradora, que las repuso en un plazo razonable".
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