El Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que está investigando la gestión de la DANA, cita a declarar como investigada a Salomé Pradas, ex consejera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, el próximo 11 de abril. Junto a ella también ha sido reclamado Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias.
Así lo ha anunciado la magistrada este lunes en una providencia, en la que también ha citado como testigos a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación del Valencia, el popular Vicent Mompó, el día 14 de abril. El 29 de ese mismo mes tendrán que testificar dos técnicos.
Rechazada la petición sobre vehículos oficiales
Por otro lado, la instructora ha dictado un auto con el que rechaza la solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià de pedir datos sobre los vehículos oficiales, según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Solicitaban información sobre los coches usados por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y por sus escoltas entre las 8 horas del 29 de octubre y las 8 horas del día siguiente.
La magistrada ha explicado esta negativa refiriendo a la condición de aforado de Mazón, por lo que el juzgado de instrucción no tiene poder para ordenar la práctica de "diligencias de investigación sobre su actuación" respecto de esta causa.
De la misma manera, la instructora ha denegado esa misma solicitud de diligencias respecto de la entonces consejera de Justicia e Interior y de su secretario autonómico, ya que "no consta que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) "o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso". Ha llegado a la misma decisión respecto del director y el subdirector general de Emergencias, ya que estos dos últimos cargos "no ostentan la condición de investigados".
Aportación "voluntaria" de los audios del Cecopi
Sobre las posibles grabaciones de audio por parte de integrantes de la reunión del Cecopi de aquel 29 de octubre, cree que tienen que ser estos quienes digan si poseen ese material y si "voluntariamente prestan su conformidad" para que se junten al proceso "una vez se les reciba declaración".
La providencia, así como el auto notificados este lunes no son firmes y contra ellos se pueden interponer recursos, como han señalado desde el tribunal valenciano.
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