Un individuo encapuchado irrumpió violentamente en la sede regional del PSOE en Cantabria mientras se desarrollaba el evento 'De la memoria al respeto', lanzando 2 artefactos explosivos artesanales.
El suceso ocurrió durante una jornada que contaba con la participación del secretario general socialista cántabro Pedro Casares, la directora general de atención a las víctimas del Gobierno de España Zoraida Hijosa y el historiador Antonio Santoveña.
Desarrollo del incidente
Los explosivos, contenidos en botellas que portaban la inscripción "frente a las mentiras revanchistas. PSOE = Satanás", fueron arrojados al salón de actos donde se congregaban más de 70 personas. Una rápida intervención de una de las asistentes evitó mayores consecuencias al lograr lanzar los artefactos hacia la entrada principal, donde detonaron sin causar víctimas.
Las autoridades policiales acudieron inmediatamente al lugar para recoger evidencias y revisar las grabaciones de los sistemas de seguridad.
La Policía Nacional inició una investigación para identificar y localizar al autor material del ataque.
Reacciones políticas
El secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, manifestó con contundencia: "Frente a los totalitarios, vamos a alzar la voz aún más fuerte en defensa de una sociedad libre y democrática, en el que defender la memoria se hace más necesario y urgente que nunca". El dirigente socialista añadió que estos hechos "nos reafirman en la importancia de seguir reivindicando la memoria democrática que hace sociedades más libres, más decentes y más dignas".
El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, se solidarizó con sus compañeros: "Frente a la violencia y el odio, responderemos con memoria, respeto y justicia. El PSOE seguirá reivindicando el derecho a recordar y honrar a quienes lucharon por la democracia. Un abrazo a los compañeros y compañeras del PSOE de Cantabria".
Contexto del acto interrumpido
La jornada pretendía abordar 2 avances significativos en materia de memoria histórica: el cambio de denominación de 18 vías públicas que mantenían referencias franquistas y la primera declaración de injusticia por parte de la Fiscalía cántabra sobre una condena del régimen franquista.
Estos cambios se materializaron en el pleno municipal de Santander celebrado ese mismo día, cumpliendo así el ultimátum que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria había establecido el 24 de marzo.
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