La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha propuesto a 'Alvise' Pérez, eurodiputado y cara visible de la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF), la posibilidad de comparecer por voluntariamente ante la justicia.
Esta medida surge tras la admisión de una querella por supuesta revelación de secretos y acoso, interpuesta por sus 2 ex compañeros de filas en el Parlamento Europeo, Nora Junco y Diego Solier.
El magistrado instructor, Manuel Marchena, ha establecido un margen de cinco días para que el político confirme si desea prestar declaración antes de que se formalice la petición de suplicatorio ante la Eurocámara.
En el marco de estas diligencias previas, el juez ha señalado el 12 de enero como fecha para tomar testimonio a los querellantes, Junco y Solier.
Ambos representantes abandonaron la formación original para integrarse en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. La investigación busca esclarecer unos hechos que el alto tribunal ya calificó el pasado octubre como indiciariamente delictivos, iniciando así los trámites necesarios para retirar la inmunidad parlamentaria del investigado si fuera preciso.
Hostigamiento y amenazas
Esta nueva causa se convierte en el cuarto frente judicial abierto en el Supremo contra el líder de SALF. Hasta la fecha, Alvise Pérez ya acumulaba procesos por la difusión de una prueba médica falsa de Salvador Illa, el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert y la supuesta financiación irregular vinculada a una donación de 100.000 euros.
En este nuevo episodio, los denunciantes sostienen que han sido objeto de una "continua campaña de hostigamiento" orquestada desde plataformas digitales como Telegram y diversos podcasts.
Según el relato de los eurodiputados, la filtración de sus datos personales y ubicaciones en tiempo real les llevó a "temer por su integridad física", provocando que recibieran una cantidad masiva de insultos y amenazas. Esta situación, según describen, les obligó a cambiar radicalmente sus rutinas diarias y a clausurar sus perfiles en redes sociales debido a la "continua sensación de inseguridad" generada. Los querellantes argumentaron ante el tribunal que este clima de presión afectaba "significativamente" su "labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar", impidiéndoles transitar con normalidad por la vía pública.
Sus conductas en redes sociales
El Tribunal Supremo considera que existen indicios de que Alvise Pérez pudo utilizar su influencia digital para incitar a sus seguidores a mantener una actitud agresiva hacia los denunciantes. La Sala de lo Penal observa que el investigado, de forma presuntamente consciente, "pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas", sin detener la campaña de presión incluso después de ver que su audiencia amenazaba con alterar la vida privada de los afectados.
Para el magistrado, se aprecia una "intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas". Como prueba de esta supuesta instigación, la causa recoge declaraciones realizadas por el eurodiputado el pasado mes de abril, en las que instaba a su comunidad de seguidores con el siguiente mensaje: "Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado".
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