El Tribunal Supremo ha confirmado los 2 años de prisión a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como Pequeño Nicolás, por un delito continuado de falsedad documental en la causa por engañar al empresario Javier Martínez de la Hidalga.
El Alto Tribunal ha rebajado la condena inicial de 3 años y 5 meses al absolverle de un delito de usurpación de funciones, por el que tenía que cumplir 17 meses de prisión.
La Sala de lo Penal ha mantenido la condena por falsedad documental, con atenuante de dilaciones indebidas, por la elaboración de documentos que atribuía falsamente a altos organismos del Estado, pero le absuelve de un delito de usurpación de funciones, por unos hechos ocurridos en octubre de 2014.
Ésta se trata de la segunda condena en firme contra el Pequeño Nicolás, después de haber sido sentenciado a un año y 9 meses de prisión por falsificar un DNI para que un amigo se hiciese pasar por él en la prueba de selectividad de 2012. En cambio, el Supremo también le absolvió de otra condena de 3 años por hacerse pasar por un cargo relacionado con la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real en un viaje a la localidad lucense de Ribadeo.
El Pequeño Nicolás se hizo pasar por miembro del Gobierno
Los hechos investigados sucedieron en octubre de 2014. El acusado, en compañía de una persona que era cliente de una entidad bancaria, mantuvo una reunión con el director de la sucursal y se presentó como alguien que trabajaba para el Gobierno. Tras esto, el cliente le transmitió que tenía un problema con Hacienda y quería llevarse todo el efectivo que tuviera en el banco para que no lo embargasen.
Ante ello, el director de la sucursal puso de manifiesto las dificultades técnicas y operativas para abonarle el efectivo, atendiendo a la normativa aplicable en materia de blanqueo de capitales y a la falta de liquidez en ese momento en la sucursal. Además, esa operación requería la necesidad de habilitar un furgón para trasladar a la oficina todo el efectivo solicitado, momento en que el acusado se levantó y simuló una conversación telefónica con la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Los hechos probados añaden que, dado que el director se mantuvo firme en las dificultades puestas de manifiesto, entonces se le propuso poner el dinero a nombre de otra persona. Cuando el director preguntó a nombre de qué persona, Gómez Iglesias se prestó voluntario y el director volvió a manifestar los inconvenientes que esto suponía. Ante estos hechos, el director le pidió el DNI y un justificante de actividad, a lo que el Pequeño Nicolás respondió que no tenía nómina y que era agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
2 recursos pendientes en el Supremo
No obstante, aún quedan 2 recursos pendientes en el Alto Tribunal contra sendas condenas, una por un presunto engaño a un empresario por simular ser asesor del Gobierno y otra por una trama con policías y un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid para obtener datos reservados y hacerse pasar por un alto cargo del Estado. Por estos delitos está condenado a 3 años y 5 meses de prisión y 4 años y 3 meses, respectivamente.
En la causa actual, la Audiencia de Madrid juzgó al Pequeño Nicolás por hacerse pasar por un enlace del Gobierno para engañar al empresario Javier Martínez de la Hidalga en el marco de la compraventa de una finca en Toledo. Le condenó a 3 años y 5 meses de cárcel por los delitos de usurpación de funciones y falsedad documental, aunque le absolvió del delito de estafa, por el que también estaba procesado.
Ahora el Alto Tribunal le confirma la condena por falsedad documental, pero le absuelve del delito de usurpación de funciones. Según ha explicado el Supremo, es claro que el acusado simuló aparentar una influencia como agente de inteligencia ante el director del banco. Pero ello no es una simulación de las funciones de un cargo o funcionario público, sino precisamente un comportamiento nada ético y, desde luego, totalmente reprochable desde una perspectiva de una supuesta legalidad de su función como agente estatal.
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