El Supremo inadmite la querella de Podemos al juez García Castellón por supuesto 'lawfare'

El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves la inadmisión de la querella de Podemos contra los jueces de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y Joaquín Gadea por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas, en un supuesto caso de 'lawfare'.

La formación 'morada' presentó en noviembre una querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y su juez de refuerzo por haber reabierto la investigación que se seguía en su contra y de sus líderes por una supuesta financiación ilegal de partidos, blanqueo de capitales y delito fiscal, una causa que ya había sido archivada en marzo de 2022.

Ahora, en un auto al que ha tenido acceso 'RTVE', la ponente Carmen Lamela Díaz concluye que los hechos "no constituyen los delitos que constituyen su objeto" y, aunque no duda de la "veracidad del relato" del partido, descarta que haya "relevancia penal".

No obstante, reconoce que algunas diligencias acordadas "excedían del ámbito subjetivo, objetivo y temporal de la investigación", lo que "lógicamente" ya llevó a la Sala de lo Penal a dejar sin efecto aquellas resoluciones.

Una causa que se remonta a 2016

La causa sobre la supuesta financiación irregular se inició en 2016, cuando un juzgado de Zaragoza se inhibió en favor de la Audiencia Nacional tras recibir una denuncia contra Podemos por supuesta financiación ilegal con fondos de Irán y de Venezuela. No obstarte, fue archivada por el propio García-Castellón poco después.

Posteriormente, en 2021, se reabrió la causa a raíz de las confesiones del ex general chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como 'Pollo Carvajal', tras su arresto en Madrid para proceder a su extradición a Estados Unidos.

Podemos denunció entonces que el juez acordó las diligencias en base a una información obtenida de forma ilegal por la policía y que el fin del secreto era impedirles ejercer sus derechos, al tiempo que de forma paralela se filtraba el contenido y resultado de las diligencias de investigación.

El coportavoz estatal del partido, Pablo Fernández, aseguró que la actuación de ambos jueces era un caso "paradigmático" y "palmario" de guerra judicial o 'lawfare', al operar al margen de las normas que regulan la actuación judicial con una investigación "prospectiva" cuyo "único objeto" ha sido "perjudicar reputacionalmente" al partido.