El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha pedido al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, para que se pueda abrir la investigación por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por los 100.000 euros que obtuvo del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', para las elecciones europeas de 2024.
Los hechos investigados tienen como motivo una reunión entre ambas personas antes de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, allí Alvise Pérez habría pedido a Romillo dinero para financiar su partido político, "pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna, ni reflejarse en su contabilidad". A cambio, Romillo le solicitó "influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo", afirma el juez en un suplicatorio.
Los dos habrían decidido que la entrega se haría mediante una tercera persona, que le pasaría a Pérez una mochila con la cantidad de 100.000 euros. El líder de SALF aseguró que la llevó a su casa, sin ingresar el dinero, que estaba dividido en billetes de diversas clases y que fue gastando el mismo en diferentes necesidades del partido político, como pueden ser viajes o almuerzos.
"Hecho a todas luces, poco verosímil"
El auto señala que Alvise Pérez, en la declaración que dio ante el instructor de modo voluntario, aseguró, tras serle preguntada la razón de recibir tal dinero, que lo recibía por el pago de una conferencia en el hipódromo de Madrid, ante una reunión de posibles seguidores o interesados en su posición política, intervención de muy poca duración, y por la que debía cobrar dicha suma de 100.000 euros, "hecho a todas luces, poco verosímil", según se indica en el auto.
El instructor le prestó declaración voluntaria por estos hechos el pasado mes de julio. Entonces, Alvise afirmó que Romillo le pagó ese dinero pero no para la campaña electoral de SALF, aunque el empresario sí que afirmó que se lo dio con esa finalidad.
El Supremo cuenta con 4 causas abiertas contra Alvise. Además de esta, está otra por la difusión de una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; una más por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora para delitos de odio, Susana Gisbert; y otra todavía más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que fueron con SALF a dichas elecciones y más tarde rompieron con el partido.
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