El conseller de Empresa y ex presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha defendido en el juicio por presunta desobediencia cuando presidía la Mesa de la Cámara catalana que el Tribunal Constitucional (TC) "no puede prohibir un debate parlamentario entendido como expresión del interés público", ni la Mesa "ejercer censura" sobre las resoluciones, "y menos cuando son opiniones políticas".
Además, en la última sesión del juicio que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) celebra contra él y el resto de miembros independentistas de la Mesa que presidió en el Parlament, ha llegado el turno de los interrogatorios de los acusados, Torrent se ha acogido a su derecho a contestar solo a las preguntas de su abogado y ha rechazado responder a las preguntas del fiscal para "ser consecuente con la inviolabilidad parlamentaria".
Pero la Fiscalía pide para el ex presidente del Parlament una pena de 20 meses de inhabilitación por desobediencia, al permitir la tramitación de 2 resoluciones independentistas y de reprobación de la Monarquía que el Constitucional había vetado.
En respuesta, Torrent ha querido demostrar su "convencimiento de que en el Parlament no se puede prohibir ningún debate", porque ello, ha defendido, "sería incompatible con el ejercicio del parlamentarismo", y ha asegurado que si algún grupo parlamentario tenía objeciones a admitir alguna propuesta de resolución se tenía en cuenta junto con la opinión de los servicios jurídicos del Parlament.
De manera que, según ha mantenido el ex presidente de la Cámara, si se aceptó la tramitación de las resoluciones cuestionadas es porque tanto él como la Mesa tenían la obligación de "ejercer un rol de neutralidad política", sin entrar "nunca" en el contenido de las proposiciones planteadas por los grupos más allá de los meros "requisitos formales".
Y los únicos límites a esa función son, según Torrent, el respeto a los derechos fundamentales, los principios democráticos que los inspiran y los tratados internacionales.
También insistió en que desde su cargo debía "proteger la libertad ideológica y de expresión de los diputados", a la vez que el derecho de representación política y la inviolabilidad de la Cámara y los parlamentarios.
Los servicios jurídicos no recomendaron su paralización
Por último, en relación a las resoluciones que han motivado su enjuiciamiento, precisó que los servicios jurídicos de la Cámara advirtieron a la Mesa de anteriores decisiones del Constitucional y "expresaron dudas" de si las iniciativas las contravenían, pero "en ningún caso recomendaron su paralización".
Asimismo, Torrent se ha mostrado convencido de que el TC "no puede prohibir un debate parlamentario entendido como la expresión del interés público" y ha recordado que esa fue la posición del propio Tribunal hasta que en 2014 "cambió de doctrina" al iniciarse el 'procés'.
Y en realidad, hasta ese año, el TC "solo hacía un control constitucional de las normas ya aprobadas por el Parlament", sin entrar a "ejercer censura", por lo que "no puede pretender" que la Mesa lo haga "y menos con una resolución que al final es una expresión de opiniones políticas".
De hecho, ha añadido, antes del 'procés' y desde el año 1989 se habían aprobado en la Cámara catalana resoluciones "sobre la misma temática" y también se han aprobado posteriormente.
Sin embargo, Torrent ha considerado que las resoluciones parlamentarias son "fruto de un estado de ánimo u opinión en un momento determinado", pero pueden "ir cambiando su contenido" y acabar aprobándose en un sentido opuesto.
"Precisamente por eso no tiene ningún sentido prohibir o paralizar una tramitación", remarcó el ex president.
Además de Torrent, también están acusados en el juicio los ex miembros de la Mesa Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado y Josep Costa.
El fiscal acusa a Torrent y su Mesa de impunidad
Durante la sesión, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha sostenido que Torrent y su Mesa se creyeron "impunes" y actuaron como una "casta" situada por encima de los tribunales para tramitar resoluciones que no eran "lúdicas" ni "intrascendentes", como tampoco lo fue "la proclamación de la República que duró un minuto".
Así pues, ha mantenido su petición inicial de hasta 20 meses de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional.
Y en su informe, en apenas 15 minutos, el fiscal recriminó a los acusados que cuando invocan su inviolabilidad parlamentaria "lo que en realidad" están propugnando es un "principio de impunidad", ya que pretenden estar "por encima" del cumplimiento del ordenamiento constitucional y de los requerimientos de los tribunales, "como si fueran una especie de casta".
El fiscal, a su vez, ha rebatido la tesis exculpatoria de las defensas en el sentido de que las mociones que tramitaron eran meras expresiones de posicionamiento político sin voluntad ejecutiva y ha criticado que hayan intentado hacer ver que eran mociones "sin ninguna trascendencia" y de "carácter lúdico".
Por último, el fiscal apuntó que los acusados no negaron en ningún momento los hechos y que lo único que han intentado hacer en este procedimiento es buscar "argumentos exculpatorios", como el de la inviolabilidad, que ya fue rechazado por el propio TSJC en el anterior juicio por desobediencia que se le hizo a los miembros soberanistas de la Mesa el Parlament en la etapa de Carme Forcadell.
El fiscal ha agradecido la "sinceridad" del "acusado ausente", en alusión al ex vicepresidente primero del Parlament Josep Costa (de JxCAT), que es abogado y se representaba a sí mismo y que este jueves decidió abandonar el juicio, porque "sin ningún tipo de excusa" ha reconocido que veían al TC como un "tribunal ilegítimo" que no tenía que ser obedecido.
Derechos Humanos de Estrasburgo
Por su parte, Andreu Van den Eynde, abogado de Torrent, rechazó las críticas del fiscal al recordar que los acusados son representantes de los ciudadanos y han sido "votados" y ejercen su derecho a la libertad de expresión y participación política.
Así que su intervención estuvo repleta de referencias a la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE), y el abogado recordó a la sala que los derechos "siempre se tienen que expandir" y que es una obligación de los Estados "proteger positivamente los derechos fundamentales".
"Ustedes son Estado, aquí también estamos decidiendo si protegemos la libertad de expresión", ha sostenido el letrado mientras apelaba al tribunal a "integrar el mandato de Estrasburgo" en lo referente a la inviolabilidad parlamentaria y el derecho a libertad de expresión.
Asimismo, Van den Eynde se ha referido al también acusado Costa, ex diputado de JxCat que ayer abandonó el juicio al no reconocer la autoridad del tribunal, y ha reconocido que "a veces, pobre, es un poco pesado, es un Pepito Grillo, pero lo que dice es verdad", declaró el abogado de Torrent.
En cambio, Jordi Pina, abogado de Campdepadrós, ha enmarcado el juicio en la serie de "procedimientos políticos" que se han instaurado en Cataluña desde el año 2017, con los que, en su opinión, el Estado pretende infundir "miedo" y ganar en los tribunales lo que no se puede "ganar en las urnas".
Y en la línea de su compañero de estrado, Olga Arderiu, abogada de la ex diputada de ERC Adriana Delgado, ha mantenido que no se puede "hacer censura política ni perseguir penalmente a diputados que están amparados por la inviolabilidad" y ha recordado que las resoluciones cuestionadas son solo "un posicionamiento político".
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