El Tribunal Constitucional admite el recurso del PSOE contra la reforma del Senado que trata de retrasar la ley de amnistía

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 senadores del PSOE contra la Reforma del Reglamento del Senado.

Fue una reforma que puso en marcha el PP aprovechando su mayoría absoluta en la Cámara Alta para modificar los artículos 133 y 182, y que supone poder retrasar reformas y tramitaciones urgentes, como es la ley de amnistía que los socialistas acordaron con los independentistas catalanes para poder gobernar.

La reforma permite que la Mesa del Senado decida autónomamente acerca de la tramitación de urgencia de las proposiciones de ley, aun cuando hayan sido tramitadas por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados.

Los recurrentes alegan que los citados artículos podrían vulnerar el artículo 90.3 de la Constitución. También sostienen que la tramitación de la reforma habría prescindido de los trámites esenciales previstos en el Reglamento del Senado, por lo que, según los demandantes, determinaría la invalidez de la reforma en su integridad.

Más decisiones

Por otra parte, el Pleno del Constitucional también ha acordado la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del PSOE y de Sumar del Congreso de los Diputados contra la disposición final segunda y disposición derogatoria única (inciso “y de la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública”) del Decreto-Ley del Gobierno de las Illes Balears 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario.

Este decreto-Ley incorpora entre otras medidas “eliminar, con carácter general, la exigencia de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a puestos de personal estatutario y laboral en el Servicio de Salud de las Illes Balears y sus entes instrumentales adscritos, por lo que respecta al personal que desarrolla funciones sanitarias”.

Los diputados recurrentes consideran que podría haber una vulneración de los artículos 86 de la Constitución y del 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (EAIB), por falta de presupuesto habilitante y afectación de un derecho estatutario. Asimismo, entre otros motivos, aducen que supone una vulneración del régimen de cooficialidad lingüística y del derecho de los ciudadanos a emplear la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria (art. 3 CE y 14 EAIB).

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