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Ex consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig
Ex consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig (Foto: Generalitat de Catalunya)

El Supremo se revuelve contra la justicia belga por su falta de colaboración

miércoles 16 de mayo de 2018, 15:33h

El Tribunal Supremo se revuelve contra la decisión de la justicia belga de rechazar la entrega a España de los ex consellers huidos, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. El juez del Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa del 'procés', dictó una euroorden de detención y extradición contra estos 3 ex consejeros catalanes, pero la justicia belga ha rechazado su entrega alegando un defecto de forma. Esta decisión ha sido criticada por el Alto tribunal, que considera que hay "falta de colaboración judicial", al tiempo que sostiene que solo puede deberse a un "desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico".

El tribunal de primera instancia belga ha decidido rechazar la orden de detención y entrega de los ex consellers huidos Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, alegando un "defecto de forma" en la euroorden dictada por el Tribunal Supremo. Ese defecto de forma al que alude la justicia belga se debe a que el juez Pablo Llarena no dictó nuevas órdenes internas de detención cuando reactivó las euroórdenes. En la jurisprudencia comunitaria, la euroorden ha de ir acompañada de una orden de detención nacional.

Aunque la Sala II del Supremo esperará a tener la resolución para estudiarla, lo que han leído en los medios de comunicación no les ha sentado nada bien.

El Supremo acusa a la justicia belga de falta de colaboración, así como de "desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico", ya que el auto de procesamiento incluía la medida de prisión provisional para los 3 ex consellers. En lo que consideran una ausencia de colaboración judicial por parte de Bélgica, los magistrados del Supremo no comparten la motivación por la que se deniega su entrega.

El ex conseller Toni Comín es uno de los 13 líderes independentistas procesados por rebelión y malversación, mientras que Serret y Comín fueron procesados por malversación y desobediencia. El juez Llarena fijaba la medida de prisión provisional para los 3 procesados, que por entonces ya se encontraban en Bruselas.

Para el Supremo, solo el hecho de haber sido procesados por un delito de malversación de caudales públicos constituye un delito de corrupción por lo que considera oportuna su entrega. Además, desde la Sala II apuntan que el auto del juez Llarena recogía una exposición detallada de los "hechos y argumentos jurídicos" por los que son procesados.

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