justicia belga

El juez de primera instancia de Gante (Bélgica) ha aplazado hasta el 3 de septiembre la decisión sobre la extradición del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, 'Valtonyc'. El rapero huyó de España justo antes de entrar en prisión, condenado a 3 años y medio por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, por el contenido de una serie de canciones. Valtonyc acudió a Bélgica en busca de una nueva estrategia de defensa, y por el momento, seguirá en este país hasta que el juzgado decida si acepta o no la euroorden de extradición dictada por la Audiencia Nacional hace 3 meses.

La periodista Elisa Beni ha publicado un artículo titulado 'Rescatando a Llarena' en el que denuncia las presuntas anomalías en la solicitud de amparo del juez del Supremo, Pablo Llarena al Consejo General del Poder Judicial. El magistrado solicitó amparo ante la demanda civil presentada por el ex president Carles Puigdemont y los ex consellers fugados Meritxell Serret, Toni Comin, Lluís Puig y Clara Ponsatí. Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial fija un "plazo máximo de 10 días naturales desde que ocurrieron los hechos o desde que el juez tuvo conocimiento de los mismos", Llarena presentó su solicitud "casi dos meses más tarde", según la periodista.

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, ha quedado en libertad provisional tras comparecer ante el tribunal belga que decidirá sobre su extradición. Justo antes de ser detenido para ingresar en prisión, condenado a 3 años y medio, Valtonyc huyó a Bélgica para elaborar allí su estrategia de defensa y recurrir su condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal Supremo se revuelve contra la decisión de la justicia belga de rechazar la entrega a España de los ex consellers huidos, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. El juez del Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa del 'procés', dictó una euroorden de detención y extradición contra estos 3 ex consejeros catalanes, pero la justicia belga ha rechazado su entrega alegando un defecto de forma. Esta decisión ha sido criticada por el Alto tribunal, que considera que hay "falta de colaboración judicial", al tiempo que sostiene que solo puede deberse a un "desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico".