Unidas Podemos se echa atrás y no firmará la reforma la malversación del PSOE

Para malestar del PSOE y algo de enfado, Unidas Podemos ha anunciado que no firmará oficialmente la enmienda a la reforma del Código Penal para reformar el delito de malversación. Eso sí, la apoyará, algo que molesta a los socialistas por no comprender bien su postura.

Los morados han explicado, a través de uno de sus portavoces parlamentarios, Jaume Asens, que esta reforma plantea "dudas" en cuanto a la "futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces".

Unidas Podemos se descuelga así de lo que considera un acuerdo al que llegaron PSOE y Esquerra Republicana (ERC) sin su supervisión, aunque la formación reconoció que facilitará que dicha reforma "no descarrile" este lunes en el Congreso en la ponencia de la Comisión de Justicia.

Lo hará porque la reforma irá en conjunto y para los morados hay puntos "importantes" como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo de la renovación de miembros del Tribunal Constitucional.

Motivos de esta postura

Asens explicó a la prensa que no es que Unidas Podemos se esté “desentendiendo” de la reforma de la malversación, sino que nunca formaron parte de ella: "Siempre dijimos que no presentaríamos una enmienda sobre ese delito, que teníamos una posición propia".

Además, ha reconocido que el PSOE les ha mantenido “informados en todo momento” de la negociación con ERC, sin participar en ella.

Asens admite que a su partido le "suena bien la música" de la enmienda de ERC y PSOE, porque ésta intenta ir "en camino de la desjudicialización" del conflicto catalán. Pese a ello, pidió tiempo para estudiar a fondo la enmienda sin tomar aún una decisión definitiva.

Poco antes, la portavoz del Gobierno y ministra socialista, Isabel Rodríguez, declaraba en una entrevista en 'RNE' que la reforma de la malversación no es "ad hoc" para los independentistas sino que contemplará "todo tipo de corrupción".

Esquerra proponía en esta enmienda mantener las penas por malversación en la horquilla actual, entre 2 a 6 años, pero rebajando las condenas a entre 6 meses y 3 cuando no exista lucro personal o de terceros en dicha malversación. Esta medida podría beneficiar a imputados o condenados del independentismo por financiar con dinero público el procés soberanista de 2017.

Otros partidos de izquierda presentes en el Congreso ya explicaron, como Más País y Compromís, que tenían muchas dudas sobre si esta reforma podría beneficiar a los corruptos.