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malversación de fondos

> Solicita una condena de 17 años de cárcel para Forcadell y 'Los Jordis' y de 16 años para los ex consellers
> El Ministerio Público acusa por rebelión al ex major de los Mossos, Josep Lluís Trapero

La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación contra los 18 líderes independentistas procesados por el desafío soberanista catalán que culminó en la declaración unilateral de independencia tras la celebración del referéndum del 1-O. En contra del criterio de la Abogacía del Estado, que descarta la violencia en el 'procès', el Ministerio Público les acusa de rebelión y malversación, siendo la pena más alta la que se pide para el ex vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras. Además, endurece la acusación contra el ex major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, para quien pide 11 años por rebelión, pese a que fue procesado por sedición.

> Pide penas inferiores a la Fiscalía, siendo la máxima de 12 años, para Junqueras

La Abogacía del Estado, que depende del ministerio de Justicia, no acusa de rebelión a los 18 líderes independentistas procesados, sino que aprecia posibles delitos de sedición y malversación. Después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se mostrase en contra de la imputación por rebelión a los líderes del 'procès', la Abogacía coincide en no apreciar el requisito de la violencia. Las penas de la Abogacía son sensiblemente inferiores a las reclamadas por la Fiscalía, siendo la máxima petición para Oriol Junqueras, de 12 años de cárcel, frente a los 25 que pide el Ministerio Público.

> Celaá reitera el respeto a la decisión del tribunal alemán sobre la extradición de Puigdemont

"El Gobierno no comparte la duda sobre la eficacia de las euroórdenes" ni suspenderá la aplicación del Acuerdo Schengen en España por la decisión del tribunal alemán de extraditar al ex president Carles Puigdemont por malversación pero no por rebelión. Mientras el PP y C's han llegado a proponer la suspensión del acuero de libre circulación como muestra de rechazo a la decisión de la justicia alemana, que supone un varapalo al Tribunal Supremo, que procesó por rebelión a Puigdemont y otros 14 líderes independentistas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha rehusado comentar la decisión del tribunal alemán de autorizar la extradición de Carles Puigdemont por malversación pero no por rebelión y se ha limitado a mostrar "respeto". Sánchez considera que "lo importante en términos de la justicia española es que aquellas personas involucradas en lo ocurrido en el último semestre de 2017, sean juzgadas por los tribunales españoles y esto va a ocurrir".

> "Existió un alzamiento con un uso torticero del poder para conseguir la independencia al margen de la ley"
> El tribunal defiende que el delito de rebelión "no exige el empleo de armas"

El Tribunal Supremo confirma los procesamientos por rebelión, desobediencia y malversación del ex president, Carles Puigdemont, el ex vicepresident Oriol Junqueras y otros 13 investigados en la causa sobre el 'procés' soberanista catalán. La Sala considera "suficientemente razonable calificar los hechos como delito de rebelión porque existió un alzamiento con un uso torticero del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley".

> Mantiene su postura pese a las dudas expresadas por la justicia alemana y las palabras de Montoro

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado los recursos contra el auto de procesamiento representados por las defensas de la causa del 'procés'. Mantiene así las acusaciones de rebelión y malversación contra el ex president Carles Puigdemont y otras 22 personas.

La Guardia Civil ha elevado la cifra de la supuesta malversación de dinero público en la celebración del referéndum independentista del 1-O en Cataluña hasta los 1,9 millones de euros.

El ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón está a punto de ser imputado por malversación de caudales públicos en el caso del fraude del Canal de Isabel II por las directrices que dio el ejecutivo autonómico cuando fue presidente de la Comunidad de Madrid.

La corrupción política está a la orden del día copando los titulares de la prensa, pero ¿están claros los conceptos? El caso de Murcia es paradigmático. El presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, ha declarado esta semana ante el TSJM como 'investigado' -anteriormente 'imputado'-, pero sostiene que sólo dimitirá cuando pese sobre él una 'imputación formal' como si existiera una 'imputación informal'... De forma paralela, el Gobierno niega en todo momento que se trate de un escándalo de 'corrupción', pese a la concreción de los delitos que se investigan. ¿Se están llamando a las cosas por su nombre?

El juicio del 'caso de los ERE' fraudulentos de la Junta de Andalucía llega a su fin, y este lunes, la Fiscalía Anticorrupción ha leído sus conclusiones, en las que mantiene la petición de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para el ex presidente José Antonio Griñán, y 10 años de inhabilitación para el también ex presidente, Manuel Chaves, por prevaricación, delito que se imputa a Griñán junto al de malversación.

El ex president catalán Carles Puigdemont ha celebrado la decisión tribunal alemán que autoriza su extradición por un delito de malversación, pero no de rebelión como pedía el Tribunal Supremo. "Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado. La justicia alemana niega que el referéndum del 1-O fuese rebelión. Cada minuto que pasan nuestros compañeros en prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. Lucharemos hasta el final, y ganaremos", ha escrito Puigdemont en su cuenta de Twitter tras conocer la resolución. Aunque el juez autoriza su extradición, esta debe ser ratificada por la Fiscalía alemana, y en todo caso, puede ser recurrida a instancias superiores por el ex president, que previsiblemente presentará un recurso.

El ex president de la Generalitat Carles Puigdemont puede ser ya extraditado desde Alemania, pero por un delito de malversación y no por rebelión como pretendía el Tribunal Supremo. Así lo ha decidido el tribunal territorial de Schweslig Holstein, no obstante, la extradición sólo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General alemana y la defensa del líder independentista no recurre la decisión, algo que ya ha anunciado que hará.

La jueza Isabel Rodríguez, del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha decretado la medida de prisión incondicional y sin fianza para el ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro, Eduardo Zaplana. El ex president valenciano fue detenido el martes en la 'operación Erial', acusado de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Pese a que su defensa había solicitado su puesta en libertad por la leucemia que padece, la jueza ha coincidido con la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha enviado a prisión a Zaplana.

> El Tribunal Supremo, en cambio, apreció un posible delito de malversación por un desvío de 1,6 millones

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras han coincidido en apuntar que el referéndum secesionista del 1-O no se sufragó con dinero público. Un extremo que cuestiona el delito de malversación investigado por el Tribunal Supremo.

El ex president de Cataluña, Carles Puigdemont, que permanece en la prisión de Neumünster (Alemania) a la espera de una decisión sobre su proceso de extradición, ha presentado un recurso contra el auto de procesamiento del Tribunal Supremo en la causa que investiga el 'procés'. Puigdemont, junto a otros 12 líderes independentistas, fueron procesados por los delitos de rebelión y malversación, presuntamente cometidos durante el desafío soberanista catalán y el referéndum del 1-O. Su abogado, Jaume Alonso Cuevillas "denuncia diversas vulneraciones de garantías procesales" e insiste en que no se cometieron los delitos de los que se le acusa.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado abrir un procedimiento a Pilar Barreiro, senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, por presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho. La Sala designa instructora de esta causa a la magistrada Ana María Ferrer.

El Tribunal de Cuentas tiene abierta una investigación judicial por sobrecostes en las obras del AVE a Cataluña por un importe superior a los 400 millones de euros, que transcurre en paralelo con la que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción y que ha provocado la detención de una decena de personas, incluyendo directivos de Adif.