El proceso de reforma del delito de malversación sigue abierto, según confirmó Sánchez, aunque con matices

Según confirmó el presidente Pedro Sánchez en los corrillos con los periodistas en los actos del Día de la Constitución, en el Congreso, sigue abierta la posibilidad de reformar el delito de malversación.

Ésta era otra de las exigencias de Esquerra Republicana (ERC) de cara a la mesa de diálogo de Cataluña, aunque quedó fuera de las negociaciones de los Presupuestos Generales de 2023, donde lo que se consiguió es acabar con el delito de sedición.

Sánchez no descarta ahora reformar el delito de malversación pese a que en las últimas semanas había quedado en un segundo plano. En todo caso, aclaró que no supondrá "ningún retroceso" en la lucha contra la corrupción ni "rebajas de penas" para los corruptos.

Además, el Gobierno no encabezará esta vez la posible iniciativa parlamentaria, como si ocurrió con la sedición, y dejará que sea ERC quien sea el primero en poner esta cuestión sobre la mesa.

Si ERC aprovecha la tramitación parlamentaria que está procediendo a la eliminación del delito de sedición para exigir también que modificar el de malversación, el Gobierno estudiaría las posibles enmiendas presentadas.

Queda menos de una semana de plazo para ello -vence este viernes- y la realidad es que en este punto ERC está muy solo. La izquierda no ve adecuado esta reforma porque podría ser el coladero para comportamientos corruptos de cargos públicos y se prefiere dejar tal y como está. Por supuesto, es la postura que mantendrá la derecha, que además se lo tomaría como una cuestión antinacionalista.

No gusta la idea

A Sánchez le preocupa, como a gran parte del PSOE y al resto de la izquierda y muchos socios parlamentarios del Gobierno, que quede tocada la lucha contra la corrupción política o que se reduzcan las penas asociadas a dicha corrupción.

ERC defiende que esta reforma se haga de forma "quirúrgica", teniendo cuidado con qué tocar y qué no, y su objetivo está claro: que los condenados por el procés y otros investigados hoy en día no sean condenados por malversación de fondos públicos por facilitar la celebración del referéndum de 2017 con dinero de todos. Su postura es clara: se ejecutó un presupuesto aprobado en el Parlament catalán y se obedeció el designio de los ciudadanos, que votaron a favor de celebrar una consulta.

Al PSOE le persiguen además las sospechas: las malas lenguas creen que podría aprovechar el contexto para que una reforma de la malversación pueda beneficiar a José Antonio Griñán, el ex presidente socialista de Andalucía condenado por el 'caso de los ERE', evitando de paso el mal trago y la mala imagen que supondría un más que controvertido indulto.