El ex diputado del PP Alberto Casero, que con su famoso error en la votación en el Congreso permitió que se aprobara la reforma laboral del Gobierno, ha sido condenado por malversación y prevaricación.
Casero ha negociado y aceptado una reducción de condena de sólo un año, por lo que no entrará en prisión.
Al asumir los cargos que se imputaban a su nombre, ha sido sentenciado a un año y 9 meses de prisión, además de 6 años de inhabilitación para cargo público, por delitos continuados de malversación y prevaricación durante su etapa como alcalde de Trujillo, Cáceres, entre 2017 y 2018.
Se investigaron 5 contratos públicos de contratos de servicios, patrocinio o convenios, que fueron el motivo de la imputación, tales como una feria internacional del queso o una gala de premios Pop Eye, galardones de la Música y la Creación Independiente. Esos contratos no respetaron los procedimientos administrativos legalmente establecidos.
La instrucción fue contundente
El juez instructor, Andrés Palomo del Arco, consideró que Casero cometiúo "reiteradas y admitidas irregularidades administrativas", además de "un modo de proceder" que delataba "contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería". También consideró que evitó "mecanismos de control", asumía directamente pagos por la integridad de los servicios...
En cuanto a los indicios de malversación, se consideró que Casero, como autoridad o funcionario público, "lejos de destinar" los fondos públicos "al cumplimiento de las previstas atenciones públicas", los "extrajo del control público con ánimo de lucro".
Los contratos ilícitos
La Fiscalía envió al Tribunal Supremo un escrito que recogía que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.
Y en septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.
También en 2017, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, los premios Pop Eye, "sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento".
Además, en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.
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