El Ejecutivo reivindica el Acuerdo Schengen pese a las exigencias de suspensión de PP y C's

El tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha autorizado la entrega a España del ex president, Carles Puigdemont, procesado por el desafío soberanista, por un posible delito de malversación, pero no por rebelión como pedía el Tribunal Supremo. La decisión supuso un nuevo varapalo al Supremo, dando 'alas' a los líderes independentistas encarcelados para cuestionar su procesamiento por rebelión, y de hecho, ya han anunciado su decisión de solicitar su puesta en libertad y que se revise la acusación por delito de rebelión.

Mientras el Gobierno mantiene su respeto por las decisiones judiciales, PP y C's han cuestionado la resolución del tribunal belga, según la cual Puigdemont solo podría ser juzgado por malversación, lo que supondría una reducción considerable de la condena, respecto a quienes se enfrentan al de rebelión, penado con hasta 25 años de prisión.

Tanto PP como C's han reclamado al Gobierno que suspenda la aplicación del Acuerdo Schengen, de libre circulación, en España porque a su juicio, la "euroorden no funciona". Desde el Ejecutivo ya han dejado claro que no comparten estas dudas, y es que según ha defendido la portavoz, Isabel Celaá, "Schengen es un instrumento extraordinario", y no cuestionan "la eficacia de las euroórdenes".

Para Celaá, cuestionar el acuerdo Schengen es "alinearse con posiciones políticas europeas que no compartimos en absoluto".