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delito de rebelión

> Asegura que en Cataluña "hubo un golpe de Estado con violencia"

El juicio del procés secesionista en el Tribunal Supremo llega a su recta final con la exposición de las conclusiones de las partes. La primera en exoponer las suyas ha sido la Fiscalía quien ha acusado al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de ser el "promotor principal de la rebelión" en lugar de su propio jefe, el ex president Carles Puigdemont.

> Fija una fianza civil solidaria de 5,8 millones para cubrir las eventuales responsabilidades económicas

La jueza de Barcelona que investigaba la organización del 1-O ha procesado a 30 personas por delitos de malversación, desobediencia y prevaricación, entre otros, pero no por sedición o rebelión en ningún caso. Asimismo, fijó una fianza civil solidaria de 5,8 millones para cubrir eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso.

El último fichaje de Ciudadanos, Edmundo Bal, abogado del Estado que fue destituido por defender el delito de rebelión en el juicio que investiga el procés secesionista de Cataluña, ha acusado al Gobierno de eliminar deliberadamente "unos hechos sobre los que hay indicios ciertos" que favorecerían a las acusaciones del Tribunal Supremo.

La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la investigación por delito de encubrimiento de rebelión contra las 4 personas que acompañaban a Carles Puigdemont cuando fue detenido el 25 de marzo de 2018 en Alemania. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal estima el recurso de la Fiscalía y revoca el auto de sobreseimiento del juez Diego de Egea, al entender que los 4 investigados necesariamente tuvieron que conocer la situación de huido de la Justicia del expresident de la Generalitat, cuando le acompañaron en su viaje en automóvil desde Estocolmo hasta Alemania.

El líder del PP, Pablo Casado ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por su gestión del desafío independentista, y ha propuesto "ilegalizar las formaciones que amparan y justifican la violencia y la kale borroka y enaltecen a Terra Illure, modificar la Ley de Financiación de partidos políticos para que no reciban ni un euro público los que tienen dirigentes procesados por rebelión y sedición, y tipificar en el Código Penal la convocatoria de referéndums ilegales".