El propio redactor del delito de rebelión rechaza su aplicación para Puigdemont

La Fiscalía General del Estado presentó en su querella contra el ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su gobierno cesado en la que se les acusaba de haber cometido delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales. Una querella que ha sido asumida hasta la última coma por la jueza instructora de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

No obstante, no hay quorum jurídico sobre si realmente Puigdemont pudo o no cometer un delito de rebelión con el procés independentista de Cataluña. La clave de la controversia jurídica sobre este delito que puede llegar a estar castigado con 30 años de cárcel estriba en la existencia o no de violencia.

Si bien la Fiscalía echó mano de la sentencia del 23-F para comparar la "violencia" de ambas situaciones, en el Tribunal Supremo -órgano que podría acabar asumiendo toda la causa- no lo tendrían tan claro y habría quien se ha manifestado a favor de reducir el tipo penal a conspiración para la rebelión.

Es más, el propio autor de la redacción final del artículo del Código Penal que recoge el delito de rebelión asegura que se está retorciendo el texto y que no cabe imputarlo ni a Puigdemont ni a sus ex consellers.

El ex diputado socialista Diego López Garrido fue, en su etapa dentro de Izquierda Unida, el encargado de incorporar una enmienda clave durante la tramitación del delito de rebelión incluido en el Código Penal en 1995. Esa enmienda incluyó específicamente el requisito de existencia de un alzamiento violento y público, algo que a su juicio no cabe achacar al caso catalán.

De hecho, según su opinión personal recogida por la 'Cadena Ser' tampoco cabría un delito de sedición sino sólo presunta prevaricación y desobediencia, que son delitos que no llevan aparejada cárcel si no sólo inhabilitación.