El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise y decida si mantiene o no su petición de transformar al procedimiento de sumario la investigación llevada a cabo en el caso 'Acuamed' ante la reforma del delito de malversación, que entra en vigor el viernes y podría suponer penas inferiores a las que se aplicarían con el Código Penal actual.
La transformación al procedimiento de sumario que ha acordado la Fiscalía está prevista para penas mayores de 9 años, por lo que la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio Público que revise esta petición por si, con el nuevo Código Penal, la condena podría ser inferior.
En concreto, el juez investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos del Ministerio de Agricultura durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La reforma de la malversación varía el rango de penas y hace que aquellos delitos sin ánimo de lucro sean penados con condenas inferiores y de un máximo de 4 años.
Se prorroga 3 meses la causa para dar tiempo a la Fiscalía
En un auto del pasado 29 de diciembre, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 solicita a la fiscal encargada del caso, Inmaculada Violán, que indique si, "a las vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022 de 22 de diciembre, mantiene la solicitud de transformación a sumario". Y acuerda prorrogar otros 3 meses más la causa para dar tiempo a la Fiscalía a pronunciarse.
Según el juez, la entrada en vigor de la reforma, aprobada a finales de diciembre, "podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede la transformación a sumario".
Además, "de acordarse la transformación, se requiere también la citación de todos los procesados para la declaración indagatoria", una diligencia, dice García Castellón, que no debería verse "afectada por la superación del plazo máximo de duración de la instrucción".
La posibilidad de tener que citar de nuevo a los procesados, la necesidad de tener un marco adecuado para que estas declaraciones puedan practicarse dentro del periodo de instrucción, unido a las "excepcionales circunstancias generadas por la reciente modificación legal, determinan la oportunidad de decretar" una nueva prórroga de la instrucción, ha explicado el juez.
Adjudicación fraudulenta de obras por parte de Acuamed
La Audiencia Nacional investiga el caso Acuamed desde enero de 2016 por un supuesto desvío de fondos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
En concreto, se investigan presuntos delitos de malversación, así como de fraude, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.
El juzgado dirigido por Manuel García Castellón pone el foco en la presunta adjudicación fraudulenta por parte de Acuamed de obras a una decena de compañías y en la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos del organismo público.
El Gobierno recalca su compromiso contra la corrupción ante las dudas del PP
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recalcado en declaraciones ante los medios que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dijo que no iba a pasar" que hubiera una rebaja de condenas por corrupción.
"También lo dijo con la ley 'solo sí es sí', y ahora empezaremos a ver cómo los corruptos se ven favorecidos por una reforma del propio Gobierno que hace que hoy la corrupción sea más barata en España, y para eso no le votaron los españoles", ha criticado.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado preguntada por los periodistas que el caso está todavía en una fase de instrucción, "donde no hay sentencia" ni "condena": "Se trata de un trámite procesal".
De cualquier forma, subrayó que la reforma de la malversación va dirigida a "no despenalizar ningún tipo de malversación", incluso incorpora el delito de enriquecimiento ilícito. "Este Gobierno tiene un claro compromiso contra la corrupción. Tolerancia cero y en eso seguiremos trabajando", ha zanjado.
Fuentes del Gobierno han llamado a esperar a que los tribunales se pronuncien pero indican que "lo que está claro" es que no va a haber ningún caso de corrupción en España "que no vaya a estar penado", y añaden: "Ningún ladrón va a salir de la cárcel", ha conluído la ministra.
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