Vox se querella contra el vicepresidente del Congreso por 'prevaricación' tras retirar la palabra a una de sus diputadas

Vox ha presentado, ante el Tribunal Supremo, una querella contra el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Lo hace alegando un presunto delito de prevaricación, después de que el 29 de noviembre, durante un debate para apoyar a Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027, De Delis retirara la palabra a la diputada Patricia Rueda de Vox. Lo hizo porque ella se dirigió a Bildu como "filoetarras".

El departamento jurídico de Vox, dirigido por Marta Castro, argumenta que los propios integrantes de Bildu han reivindicado en ocasiones anteriores a los presos de la banda terrorista ETA como "sus" presos. Además, asegura que queda reflejado en el escrito y aportado al Tribunal Supremo, que el término "filoetarra" ha sido utilizado en 93 ocasiones, y se había permitido por parte de la Presidencia; y en 62 ocasiones se había empleado el término “filoterroristas”, siempre en relación a los diputados de Bildu.

Vox insiste en que en la propia sede parlamentaria ya se expuso que la actuación del presidente en funciones fue "abusiva", por cuanto limitó de manera indebida el ejercicio de la diputada de Vox de las funciones inherentes al núcleo de su función representativa; injustificada, ya que no se daban los presupuestos de hecho para la aplicación del artículo 103 del Reglamento y para la retirada de la palabra de la diputada, y contraria a la doctrina de los actos propios y a los principios de previsibilidad y seguridad jurídica.

Argumentaciones de Vox

También se solicitó que se “acuerde cuantas decisiones sean necesarias para asegurar que las actuaciones de tal Presidencia, son adoptadas de forma no arbitraria, equitativa y respetando el núcleo de la función representativa de los diputados…garantizándoles el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales que constitucionalmente les corresponde”.

Sin embargo, en el momento de presentar la querella ante el Tribunal Supremo, la Presidencia del Congreso de los Diputados no ha dado ninguna respuesta a esta solicitud.

En su escrito, Marta Castro denuncia la "absoluta falta de justificación" de la decisión en términos de la obligatoria neutralidad, de respeto a los principios constitucionales y a la libertad de expresión parlamentaria de Gómez de Celís. Además, reprueba la utilización de "inapropiadas, por no venir al caso, insostenibles e insoportables comparaciones de Vox con Bildu", que bien "podrían ser objeto de un análisis penal separado, siempre que no fuera amparado por la libertad de expresión política, que fue sesgado a la diputada de Vox y a la que impunemente se acogen parlamentarios como el querellado, cuando se trata de insultos, ofensas a la formación".

Por otro lado, el escrito reivindica que la obligación de la Mesa del Congreso de representar a todos los ciudadanos por igual, puesto que al ser un órgano colegiado, donde se encuentran incluidos todos los grupos políticos. Así, "cualquier decisión que se adopte debe carezca de arbitrariedad, sesgo ideológico o intereses particulares, pues debe tratar a todos los representantes de los ciudadanos por igual y aplicar el acervo y los principios constitucionales en toda su actuación".

El Supremo ya dio la espalda recientemente a Vox tras querellarse con la ministra de Igualdad, Irene Montero, a quien acusó de 'delito de incitación al delito de corrupción de menores'. El Supremo inadmitió dicha querella y cuestionó que fuera siquiera presentada.