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Gobierno, CHT y sindicatos tienen voz y voto en el órgano rector del Canal

El Consejo del Canal exige explicaciones por la posible privatización

martes 30 de septiembre de 2008, 20:23h
Los consejeros del Canal de Isabel II vinculados a los trabajadores y a las instituciones del Estado exigen explicaciones a la dirección por la posible entrada de capital privado en la empresa pública. Los miembros del Consejo de Administración con voz y voto recibieron este martes el orden del día, sin que la polémica medida esté recogida en ningún punto.
Después de que Esperanza Aguirre anunciase hace quince días la medida, los miembros de UGT y de CSIT-UP en el consejo del Canal denuncian que la privatización del 49% de la empresa de aguas no ha sido incluida en el orden del día a tratar por el Consejo en su reunión de este jueves. Un encuentro que fue pospuesto hace una semana (el día 23) "para impedir el debate sobre la privatización", según los sindicatos.

"El Consejo se enteró de las intenciones de Esperanza Aguirre e Ignacio González por los medios de comunicación. Nadie nos presentó una propuesta, no se nos colsultó ni se habló con los ayuntamientos, que tienen firmados conciertos con el Canal", denunciaron a Madridiario, asegurando además que plantearán la cuestión al resto de los miembros a partir de las 11.30 de este miércoles.

Antes de eso, se manifestarán a las puertas de la sede del Canal para mostrar su descontento, como ya hicieron durante la inauguración de los Teatros hace una semana.

"No será tan fácil"
"Creemos que ya han encargado los estudios para construir los dos nuevos embalses con los que justifican la privatización, pero en cambio pretenden evitar que el órgano que rige la empresa, que es de todos los madrileños, debata si esa privatización es buena o mala", afirman.

Los sindicatos temen que la llegada de un inversor con aspiraciones de rentabilidad haga subir la factura del agua y provoque despidos en la empresa, por lo que recalcaron de nuevo que no se fían de las palabras tranquilizadoras de Esperanza Aguirre al respecto.

UGT y CSIT aseguran que la posible privatización del 49% de la empresa de aguas "no será tan fácil", dado que ésta tiene bienes calificados como patrimonio histórico. Además, se deberá contar con la opinión del Gobierno, que cuenta con un consejero, y con la de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que también tiene a un representante en la mesa.

Ahora bien, Francisco Granados, viceconsejero de Presidencia Justicia e Interior, ya abrió la puerta hace unos días a la posible marcha atrás del proyecto en caso de que sigan las presiones en contra: "Si vemos que no se puede hacer, no se hará".
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