La suiza Glencore exige indemnización total a corto plazo

Añade que podría solicitar arbitraje internacional "a menos que una indemnización total sea pagada en corto plazo". El sábado, el gobierno de Evo Morales dijo que no indemnizaría a la transnacional Glencore por la nacionalización, decretada del viernes, y que más bien iniciará demandas judiciales a los responsables de la venta de esa procesadora a la compañía suiza. Glencore, que compró la planta a 180 kilómetros al sureste de La Paz en 2004, dijo que no habían sido contactados por el Gobierno boliviano antes de la toma.

Expresa preocupación: "La preocupación inmediata para el grupo es la seguridad del personal que está operando ahora en la mina sin el apoyo del personal más experimentado", dijo la empresa. La Glencore opera en Bolivia a través de su subsidiaria Sinchi Wayra S.A., que al momento de la nacionalización, el pasado viernes, tenía el control total del Complejo Metalúrgico Vinto, con una planilla de 450 trabajadores.

Glencore basa sus exigencias de compensación en un tratado bilateral entre Suiza y Bolivia firmado en 1991 que prohíbe la nacionalización de activos suizos a no ser que estén acompañados de pagos adecuados. El Gobierno suizo dijo el viernes que reconocía el derecho boliviano a determinar su propia política económica dentro del marco de los tratados internacionales, pero que esperaba que cumpliera con sus compromisos bajo el tratado bilateral.El año pasado, el gobierno de Morales asumió el control de las empresas de gas y crudo.

Gobierno no conoce el pedido: El Gobierno no ha recibido ningún pedido de indemnización por parte del consorcio suizo Glencore a raíz de la reciente nacionalización de la empresa fundidora de metales Vinto, adquirida en 2004 por la compañía, se informó el martes oficialmente.

El ministro de Minería, José Dalence, dijo a la AP que no se pronunciará mientras no tenga una notificación oficial sobre un comunicado enviado por Glencore a esta agencia el martes respecto de que pedirá una indemnización a Bolivia por la nacionalización y que si el Gobierno se niega a pagarla podría llevar el caso a tribunales internacionales. ''Cuando tenga en mis manos ese documento, recién vamos a dar a conocer nuestra posición'', dijo Dalence.