Los sindicalistas señalados en el Puerta de Hierro se querellan contra Aguirre

Raúl Soto (trabajador del hospital desde hace 39 años) y Alfredo Díaz Cardiel (celador desde hace 10) anunciaron este jueves la interposición de la demanda contra la presidenta de la Comunidad como "máxima responsable" de las imágenes que, según sospechan, "sus servicios de prensa" recogieron y distribuyeron a los medios revelando su filiación sindical y categoría profesional. Todo ello, justifican, supone una "violación del derecho a la intimidad y de la libertad sindical" por la que CC.OO. y UGT también irán a los tribunales.

Ambos comparecieron respaldados por Ángel Luis García, secretario de Acción Sindical de CGT, que avanzó que la querella -que se presentará la próxima semana- se hará extensible a los responsables de la producción del vídeo y de aquellos que identificaron y facilitaron los datos de los representantes de los trabajadores, apuntado todo ello a la gerencia de Sanidad.

Tanto Soto cómo Díaz-Cardiel aseguraron que continuarán con su campaña de denuncia de las deficiencias del Puerta de Hierro y las consecuencias de la privatización de servicios. Entre estas, enumeraron la descoordinación entre contratas y el SERMAS, las obras que aún se desarrollan o el inexistente funcionamiento de las Urgencias y los laboratorios. Además, como últimas "primicias" revelaron la caída del sistema informático de historias clínicas, "que no funciona", y la búsqueda "de un atranco en el sistema de agua" detectado en las últimas horas.

Demanda por despido improcedente
La querella contra Esperanza Aguirre se sumará a las que este mismo jueves ha presentado CGT ante el Servicio de Mediación y Arbitraje de la Comunidad en representación de los 80 trabajadores no sanitarios que han perdido su puesto en el traslado a Majadahonda.

CGT acusa a Antonio Burgeño, director general de Hospitales, y a Armando Resino, director general de Recursos Humanos, de "engañar" a los sindicatos por incumplir el pacto de traslado que se firmó en 2004 y la resolución del 12 de marzo de 2008, según los cuales los contratos eventuales con dos años de antigüedad a partir de esa fecha conservarían su puesto y condiciones. Ahora bien, el traslado no se produjo hasta el 16 de septiembre y los trabajadores que antes de esa fecha no hubieran completado el traslado, esos 80, no han sido renovados.

Así, CGT demanda a la empresa adjudicataria del hospital, Bovis Bend Lease S.A., al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y a las subcontratas que se han hecho cargo de los administrativos (Valoriza), pinches de cocina (Mediterránea) y celadores y servicio de limpieza (Clece) por despido improcedente y fraude de ley, ya que hay puestos sin cubrir en plantilla y la ley impide que en ese caso se contraten eventuales.

Las batas las da el hospital
Con estas acciones judiciales la Confederación quiere acabar con la campaña de "criminalización" de los representantes legales de los trabajadores que aseguran ha emprendido el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y el Gobierno regional para desautorizar sus críticas a la privatización. "Quieren desviar la atención de lo que será el descenso en la calidad asistencial", sentenció Alfredo Díaz-Cardiel.

De hecho, ante la acusación de Güemes de que en el vídeo del Puerta de Hierro aparecían "disfrazados de médico", suplantando a estos y con bata, invitaron al gerente del hospital a explicar que el atuendo "lo proporciona el hospital, y así ha sido en los 30 años que llevo trabajando en él".