La oposición de Madrid pide destinar su productividad a gasto social

Los sueldos de los altos cargos municipales toman como referente en Madrid los fijados para los secretarios de Estado, según un acuerdo aprobado en Pleno en 2003 gracias a los votos del Partido Popular. La norma estableció que el alcalde, ediles y directores generales, cobrarían los mismos conceptos que los secretarios de Estado, incluido el complemento de productividad, en proporción a sus cargos. Sin embargo, al coincidir la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento con los del Estado, el municipio actualiza los sueldos de los altos cargos a año pasado y con efectos retroactivos.

Ello obliga al Consistorio a incluir la subida en el siguiente ejercicio presupuestario. Sin embargo, en esta ocasión se han sumado dos años de retrasos. Las retribuciones para 2007 no fueron notificadas oficialmente al Ayuntamiento hasta noviembre de ese año. Para entonces, ya no daba tiempo a incluirlo en el Presupuesto de 2008. A ello se unió que la notificación de los pluses de productividad de los ediles para 2008 se conoció en abril de este ejercicio.

Semanas después, el alcalde anunciaba que los sueldos de los concejales, en línea con los de los altos cargos del Estado, se congelaban para 2009. El alcalde no se refirió a los atrasos por valor de 1,3 millones de euros contemplados en los presupuestos municipales, aunque, según fuentes municipales, tampoco se han contemplado y los altos cargos cobrarán lo mismo que el 1 de enero de 2008.

Responsabilidad
Muy distinta fue la reacción de la oposición. El Grupo Municipal Socialista renunció a la actualización salarial que le correspondía. Además confirmó que no votará en contra de los presupuestos que presentará en breve el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón "por responsabilidad" y que solicitará, asimismo, la congelación de tasas y tributos municipales. Lucas evitó afirmar si se abstendrán o si apoyarán los presupuestos, y abogó por la creación de una mesa compuesta por el Gobierno y la oposición para debatir las propuestas presentadas.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, pidió una reunión con el primer edil para proponerle cinco puntos de acción con los que solucionar la crisis económica. Los socialistas exigen al Gobierno municipal un plan de austeridad económica, en el que incluirá la renuncia a la actualización salarial, el incremento de partidas destinadas a formación y a programas sociales, el aumento de la inversión pública en equipamientos y la congelación y bajada de tributos y tasas municipales.

Suscripción social
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, instó a Ruiz-Gallardón a utilizar el dinero procedente del plus de productividad a programas sociales. "No estaríamos de acuerdo con subidas del 12 por ciento de los altos cargos de la Administración ni las aplicadas en las retribuciones de los concejales porque consideramos que estamos bien pagados en la situación actual, por lo que propondremos que, si eso se da, que el señor alcalde encabece una suscripción con los 1,3 millones largos que se podrían recaudar para atender programas sociales", explicó.

Pérez tildó de "pacto de Estado contra los trabajadores" por parte de PP y PSOE la decisión de los socialistas de apoyar "por responsabilidad" los presupuestos, independientemente del color político de los gobiernos. Esa decisión supone "mirar a otro lado" en regiones y municipios como la Comunidad de Madrid y la capital, cuyos presupuestos "recogen políticas privatizadoras de la sanidad y la educación, con recorte de gastos y congelando el empleo público".

La portavoz del Grupo en el Área de Asuntos Sociales, Milagros Hernández, explicó que se realizará en el Pleno municipal una interpelación sobre políticas sociales, ya que, según su criterio, "no se están acometiendo desde el Ayuntamiento las responsabilidades para con las familias que establece la Constitución". Solicitará que el Gobierno municipal establezca un fondo de garantía para ayudar las situaciones de insolvencia de las familias madrileñas, sufragando los gastos jurídicos y de realización del informe financiero, y mediando ante los bancos para evitar que los afectados deban pagar nuevos impuestos.