El alcalde masista de San Pedro, Juan Cala, luego de participar en una reunión con funcionarios de YPFB, se declaró confiado en que el Decreto Supremo 29788 de lucha contra el contrabando de combustibles se va a modificar.
“Bloqueamos durante tres horas y amenazamos con tomar las oficinas de YPFB en Santa Cruz. Nosotros sugerimos que se modifiquen los temas del cupo y transporte y dijeron que hasta el martes podría estar resuelto”, explicó.
Afirmó que en la reunión participaron el presidente de YPFB, Santos Ramírez, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, y dirigentes de San Pedro y San Julián.
A su vez, Donato Pucho, productor de Sagrado Corazón, señaló que sólo les están vendiendo hasta 400 litros por persona. “Nos venden pese al decreto porque uno no puede llevar su tractor o cosechadora hasta el surtidor. Será imposible cumplir este decreto, es ridículo”, resaltó.
En San Julián, el dirigente cívico del MAS, Félix Martínez, dijo que hubo un ampliado de pequeños productores porque no hay diésel para desarrollar las labores de campo. “Nos invitaron a que participemos en una reunión en Santa Cruz, pero la gente quiere que las autoridades vengan a San Julián”, aclaró.
Sostuvo que no rechazan el decreto, pero exigen la reglamentación porque necesitan por lo menos 200 litros de diésel día por medio. El productor de Chané, Tito Choque, aseveró que en la zona no están vendiendo combustible en bidones o turriles, sólo a los motorizados. “La gente necesita más de 200 litros por día para cosechar. La cosechadora no puede llegar hasta el surtidor que está a 100 kilómetros de los centros de producción”, reveló.
El agricultor dijo que han pedido la intervención de las autoridades y dirigentes, porque 600 litros/día sólo sirven para un pequeño productor.
Por su parte, Genaro Carreño, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) en Cuatro Cañadas, afirmó que les están vendiendo hasta 120 litros en turriles. “En este país todo funciona bajo presión. Si no hay diésel vamos a iniciar bloqueos”, enfatizó.
Demetrio Pérez, vicepresidente de Anapo, dijo que se reunió con el titular de YPFB, Santos Ramírez, para hablar del tema del diésel y la prohibición de venta en turriles y bidones, pero que Ramírez le dijo que ésa no era su responsabilidad. “Vamos a tener una nueva reunión esta semana. YPFB sabe que los productores anunciaron asambleas por esta situación para coordinar posibles medidas de presión”.
Sobre esta situación, fuentes de la Superintendencia de Hidrocarburos indicaron que hubo una mala interpretación del decreto y que la prohibición de venta doméstica (turriles y bidones) surge de una resolución del Ministerio de Defensa, no de la entidad.
Se consultó a Carlos Romero, ministro de Desarrollo Agropecuario, sobre las soluciones que se barajan en la provisión de diésel al agro, pero dijo que el tema no correspondía a su despacho.
Combustibles se incautan sin intervención judicial
La estatal YPFB se hará cargo de los combustibles decomisados al contrabando, sin la necesidad de la intervención de autoridades judiciales, según el Decreto Supremo 29788 de lucha contra el contrabando de combustibles.
El Poder Ejecutivo estableció la norma mediante la cual se sancionará el contrabando de gasolinas, kerosén, diésel y gas licuado de petróleo (GLP) bajo las penalidades establecidas en la Ley 1008 que castiga el tráfico de sustancias controladas, que a su vez dispone que los infractores podrán ser sancionados hasta con 25 años de prisión.
“Establece que los vehículos y otros bienes incautados, pasan inmediatamente a YPFB por lo que ya no habrá la posibilidad de que intervengan jueces y fiscales”, señaló el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa.
Según Aruquipa, ya no se verá esa figura del pasado, en la que se incautaban camiones con grandes cantidades de carburantes que iban al contrabando y que mediante el Ministerio Público salían a los pocos días a las calles.
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