Tras mostrar el "absoluto respeto" del Ejecutivo a las decisiones judiciales, recalcó que el TC declara constitucional la relación de los profesores de Religión con el Estado y dice que el derecho a la libertad y neutralidad religiosa del Estado implica que la enseñanza confesional que asume el Estado pueda realizarse en el marco de la cooperación con las entidades religiosas y que sus profesores han de ser declarados como "personas cualificadas por las confesiones religiosas".
"Ahora esa libertad, que les da a las confesiones religiosas para que con arreglo a una declaración de idoneidad que establecen los acuerdos y los decretos, no significa una libertad absoluta y lo dice la sentencia, sino que está sujeta a control judicial y además tiene el límite de los demás derechos", concretó la vicepresidenta primera del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por lo tanto, De la Vega lee en la sentencia que la enseñanza tiene que estar impartida por profesores contratados por las administraciones públicas que cuenten con la acreditación de la confesión religiosa que les habilita para impartir las clases de Religión pero siguiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
"Es decir, que la sentencia avanza en un camino de reconocimiento de una especificidad pero al mismo tiempo enmarcándolo en los derechos fundamentales", resumió la portavoz del Ejecutivo, asegurando que los profesores de Religión disfrutarán de los derechos fundamentales que como trabajadores tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico.
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