obernador Juan Sabines Guerrero destituyó a un grupo de funcionarios de su gabinete, que desde sus cargos públicos realizaban proselitismo político para la elección intermedia de 2009.
Fueron cesados el secretario de Turismo y Proyectos Estratégicos (PRI), Roberto Albores Glesaón, hijo del ex gobernador priísta, Roberto Albores Guillén (1998-2000).
También fue despedido el secretario de Economía, Francisco Sau, del PAN, y el subsecretario de Gobierno de la región Soconusco, Enrique Orozco, militante también del blanquiazul.
Del PRD fue separado de su cargo el subsecretario de Gobierno de la región Altos, Juan González Esponda, en tanto que el subsecretario de Gobierno de la región Selva, Santiago Lorenzo Jiménez, también dejó el cargo.
Asimismo, fue retirado de la Subsecretaría de Gobierno en la región Frailesca, el priísta Luis Raquel Cal y Mayor Franco.
Al referirse a estos movimientos de la administración estatal chiapaneca, el secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, aseguró que los ahora ex funcionarios fueron sorprendidos realizando proselitismo político desde sus puestos públicos, para la elección intermedia del próximo año.
“No cuestionamos la legítima aspiración política que pudieran tener, sino que quisieron aprovecharse de la función pública y de la confianza del gobernante para tomar el puesto como plataforma electorera”, argumentó.
Explicó que los servidores públicos no acataron la instrucción de mantenerse al margen de los comicios venideros y ser garantes de la imparcialidad para cumplir a los chiapanecos en el marco del respeto, la democracia y la libre decisión.
“En esta administración no caben las ambiciones personales; el mandatario Sabines Guerrero ha dicho que quien tenga un proyecto político, por más legítimo que sea, su plataforma no debe ser la administración pública, por más grande que sea el tamaño de sus ambiciones personales”.
El secretario general de Gobierno enfatizó que el gobierno estatal no permitirá el activismo político desde ningún cargo público.
“No es equitativo que un candidato surja de las filas del propio gobierno del estado, considerando que ello generaría desconfianza y sospechas de utilizar los recursos públicos con fines políticos”, puntualizó.
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