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“Nada en verdad ni es mentira. Todo depende del cristal con que se mira”

“Nada en verdad ni es mentira. Todo depende del cristal con que se mira”

miércoles 31 de diciembre de 2008, 13:33h
El Gobierno prevé reducir las transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas del 30% al 10%, de forma que el 90% de los recursos de las autonomías procederían de los impuestos cedidos, frente al 70% actual. 
Así figura en la propuesta de reforma del sistema de financiación presentado por el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, quien también anunció la distribución de esa financiación a través de tres fondos –los dos que ya existen y uno nuevo de convergencia- además de una partida de recursos adicionales.

    La pretensión del Gobierno es aumentar la autonomía financiera de las regiones y la corresponsabilidad fiscal, puesto que se prevé un aumento en la cesión de impuestos. La cesión del IRPF e IVA alcanzaría el 50% mientras que en el caso de los impuestos especiales se situarían en el 58%.
Por tanto, el nuevo sistema de financiación autonómica va a permitir  a las comunidades depender menos del Estado y contar con fondos de convergencia para compensar a las  más débiles. Pero, seamos realistas, no se puede contentar a todos sin pagar un precio por ello. Es una regla de tres simple. Si el Estado pierde capacidad de recaudación, la pregunta que surge es de dónde conseguirá fondos para poder repartir entre las diferentes Comunidades Autónomas.

    El anuncio de Solbes, aunque un tanto ambiguo, ha sido muy bien recibido en Castilla-La Mancha, cuyo Ejecutivo considera adecuados y satisfactorios los principios básicos del nuevo modelo de financiación, en el sentido de que garantiza la equidad en el acceso a los servicios públicos esenciales.
La vicepresidenta y responsable del departamento de Economía de la Junta de Comunidades, María Luisa Araújo, asegura que las líneas básicas del documento coinciden con las principales demandas de la comunidad autónoma. Araújo ve con muy buenos ojos este modelo que tiene como eje fundamental a los ciudadanos y que contempla variables como el incremento poblacional, la amplitud territorial, la  dispersión geográfica o el envejecimiento de la población.

    Subraya la responsable regional de Economía la importancia de que el sistema se articule en torno a las personas, ya que así se garantiza no sólo el acceso en igualdad a la sanidad, la educación y los servicios sociales, sino que también velará por  la igualdad de oportunidades con independencia del territorio. Insiste en que el sistema garantizará la financiación no solo de los servicios básicos sino de todas las  competencias transferidas e incorporará nuevos fondos de convergencia para igualar las posibilidad es de desarrollo de las diferentes regiones.

    Si tenemos en cuenta los criterios del documento y el método de cálculo de financiación, Castilla-La Mancha saldrá favorecida en cuanto al parámetro de población, ya que en 2007 fue la segunda región con mayor aumento demográfico. Al igual que le favorece que se tenga en cuenta el  envejecimiento de población y su repercusión en el coste de la atención sanitaria y de los servicios sociales, puesto que Castilla-La Mancha tiene más mayores de 65 años y de 80 que la media española. E igualmente sucede con los menores de 16 años, y la extensión territorial o la dispersión poblacional.

    Se considera desde el Ejecutivo castellanomanchego que la región saldrá beneficiada por el incremento del porcentaje de los impuestos que se ceden a la comunidad, pues es “coherente” que la mayor autonomía en la gestión vaya acompañada de mayor autonomía en la recaudación. Pero habría que preguntarse si el Gobierno de José María Barreda estará pensando en subir los impuestos; aunque, de más está decir que, no es el mejor momento, dada la situación económica actual.

    Pero la propuesta presentada ayer por  el ministro Solbes no ha sido tan bien vista por los populares de la región, quienes no entienden que deban ser los pactos del PSOE con los catalanes los que estén decidiendo que es lo que se hace con la financiación autonómica a todo el país.

    El PP es consciente de que el modelo de financiación tiene que ser beneficioso para Castilla-La Mancha pero que, desde luego, no pasa por un modelo, fruto de las presiones del presidente catalán José Montilla.

    Tampoco entiende el PP cómo se presenta  un modelo de financiación cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no se ha reunido con todos y cada uno de los presidentes autonómicos, entre ellos, José María Barreda, a quien le tachan de cobarde por no reclamar esa reunión ni hacer pública su opinión sobre financiación.

    La portavoz regional del PP, Carmen Riolobos, afirma que su partido defiende un nuevo modelo de financiación que sea aprobado por unanimidad y que no suponga una subida de impuestos, ya que sería demoledor para las pequeñas y medianas empresas y sobre todo para las familias. E insiste en que el nuevo sistema debería tener en cuenta a las Comunidades Autónomas con menor renta per cápita y gran dispersión geográfica, como Castilla-La Mancha, puesto que, de forma lógica, estas circunstancias encarecen la prestación de servicios como la sanidad y la educación.

    Así las cosas, y con los planteamientos del Gobierno y la oposición regionales cabe hacerse algunas preguntas, de cara a este nuevo modelo de financiación autonómica que desde luego es un paso de gigante hacia la descentralización. Si el Estado pierde capacidad de recaudación, de algún sitio tendrá que sacar el dinero  para poder repartir entre las diferentes regiones y hacer gala de ese principio de solidaridad. Si el Gobierno va a dar más  fondos a todos y compensar a las regiones más pobres, la solución está en una subida de los impuestos. Si este nuevo sistema quiere reducir las transferencias del Estado a las comunidades y por tanto su dependencia, serán los gobierno autonómicos quienes deban dar respuesta al mantenimiento de servicios básicos como la sanidad, educación y servicios sociales; pero siempre que se habla de gasto social, irremediablemente hay que hablar de una subida de impuestos aparejada.

    Reflexiones que, me imagino, estarán sobre la mesa de los políticos de Castilla-La Mancha, Gobierno y oposición, aunque no sé si les saldrán las  cuentas. 
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