Sanidad Pública a la deriva

Hace apenas unos meses, cuando los trabajadores de los hospitales de la Comunidad de Madrid empezaban a engrosar las listas del paro a consecuencia de la Resolución de 31 de julio de 2008, comenzó una ola de protestas paralelas protagonizadas por los empleados en todos y cada uno de estos centros sanitarios.

Recuerdo como si fuera ayer, que el Consejero de Sanidad de la CM, optó por no faltar a ninguna de estas protestas y convertirse en el protagonista indiscutible de las mismas: allá donde hubiera algo que inaugurar o reinaugurar, estaba él, negando la evidencia y acusando a los sindicatos y a sus afiliados de servilismo político y de inventarse una privatización de la sanidad pública que él aseguraba no se estaba produciendo.

Recuerdo también las declaraciones de la Presidenta manifestando que los servicios sanitarios en Madrid eran 100% públicos y que eso de la sanidad de pago no entraba para nada en sus planes: “Dígame un solo caso en que se haya cobrado al paciente de un hospital su asistencia sanitaria…”, retaba. Desde su punto de vista, oposición, sindicatos y medios de comunicación habían orquestado una campaña basada en una falacia: la privatización sanitaria y el pago de la misma.

El anuncio de la creación de cuatro hospitales más en esta legislatura no nos sorprendió, como tampoco lo hizo el hecho de que el modelo de gestión que se aplicará en ellos sea el mismo que ya funciona en el de Valdemoro, es decir, que la empresa concesionaria es la encargada de gestionar todos los servicios que presta el hospital. Dejan en manos privadas los servicios que hasta ahora venía gestionando la administración. Este cambio de modelo de gestión, lleva implícita una lectura que jamás ha sido reconocida por el Gobierno regional: la administración es incapaz de gestionar de forma eficaz los recursos que garanticen la continuidad del correcto funcionamiento del sistema sanitario madrileño. Propuestas no le han faltado, al menos, de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, pero les ha sido más cómodo “dejar el marrón a otros”, empresas que aprovechan esta oportunidad de negocio.

Cierto es que, de momento, no nos cobran el uso de estos servicios, aunque con nuestros impuestos ya los estamos pagando (casi el 40% del presupuesto autonómico se destina a la sanidad), con el agravante de que ahora la administración pone un intermediario, la empresa concesionaria, que, por supuesto, deberá llevarse un beneficio.

Desde el Gobierno regional se ha criticado la actitud del Ejecutivo español al no reconocer la crisis que se nos avecinaba y en la que ya estamos inmersos. Ahora, los que sostienen que “no se pide la tarjeta de crédito a los pacientes”, estudian medidas como el copago sanitario para contener el gasto y más colaboración con la sanidad privada para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Si hubiera una voluntad de estructurar una sanidad pública eficaz que mantuviera los niveles de competencia que los madrileños merecen, el equipo de Aguirre debería mostrar una predisposición a la negociación y al diálogo para llegar a un consenso e implantar medidas favorecedoras para todos. Al no ser esto así, CSIT UNIÓN PROFESIONAL en su comparecencia en la Comisión de Gestión Sanitaria de la Asamblea de Madrid, subrayó la necesidad de barajar otras alternativas antes de ceder la sanidad a empresas privadas, en concreto, la evaluación real del modelo tradicional y los mecanismos que regulen y gestionen los recursos en aras de una mayor calidad asistencial. 

Elena Moral Pavo 

Secretaria del Sector de Sanidad de CSIT-UP