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Disputa entre Cataluña y Aragón por la atención sanitaria a 25.000 aragoneses

sábado 24 de enero de 2009, 16:52h
Las relaciones entre vecinos no siempre son todo lo cordiales que deberían. Entre Aragón y Cataluña, a pesar de conflictos como el del arte sacro del museo de Lleida, las relaciones no son malas. Pero la falta de dinero envenena situación.

En los límites entre las provincias de Lleida y Huesca existe un conjunto de comarcas que por cercanía han tenido una especial relación con Cataluña. Son conocidas como la zona de la Franja. En el campo sanitario, por ejemplo, a un ciudadano de Fraga le es mucho más cómodo visitarse en Lleida, donde hay un gran hospital, a sólo unos 28 kilómetros, que ir a Huesca a más de 100 kilómetros de su domicilio.

El año 2005 se llegó a un acuerdo entre los gobiernos catalán y aragonés, de forma que los aproximadamente 35.000 habitantes de la Franja podían recibir atención en Lleida. Eran tan buenas las relaciones que en el documento no se incluyó una valoración económica del compromiso. Y los ciudadanos aragoneses han hecho un uso tan significativo de su posibilidad de ser visitados en Lleida que año tras año la factura ha ido subiendo, hasta un monto de unos 10 millones de euros anuales.

Cada autonomía recibe del gobierno central una cantidad de dinero por cada cartilla sanitaria que tiene su demarcación. Por tanto, Cataluña no recibe nada a cambio del servicio que presta. Pero, con el convenio firmado en la mano, Aragón tampoco tiene obligacion de pagar nada, porqué no se estipuló la forma de cobro.

La situación ha llegado a un límite en el que técnicos de Aragón y Cataluña buscan una solución al problema, porqué ante la crisis, en el Hospital de Lleida se anunció que no derivarían a los aragoneses que lo necesitasen hasta otros centros de Barcelona donde se aplican tratamientos de alta tecnología, porqué la decisión suponía incrementar aún más los números rojos. Visto el problema, parece que aragoneses y catalanes, sin esperar al acuerdo de financiación, pondrán manos a la obra para evitar que de la falta de previsión resulten perjudicados ciudadanos que pagan, en una parte o en otra, sus impuestos.
 
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