Responsabilidad administrativa, civil y penal, además de la comisión de cinco delitos son los elementos principales del documento que ayer entregó Nardy Suxo al fiscal Edward Mollinedo, quien se comprometió a ‘analizar’ e incluir las conclusiones en el requerimiento judicial que elevaron ante la jueza Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, quien fijó audiencia para hoy, a las 14:00. (ver recuadros)
A tiempo de entregar su informe, Suxo también pidió que la Fiscalía investigue a Miguel O'Connor D'Arlach, porque considera que el sobreviviente del atraco tiene mucho que decir sobre este tema, ya que hasta el momento no explica por qué su hermano, Jorge, estaba llevando ese dinero a la casa de Gonzalo Aramayo Doria Medina ese 27 de enero cuando fue atracado y asesinado.
El abogado de O'Connor, Iván Alemán, dijo que su cliente no le refirió el porqué se transportaba el caudal. Marcelo Ugarte, abogado de Aramayo, afirmó que el dinero iba a ser entregado por la víctima a su cliente y tenían que ser utilizados en proyectos de viviendas sociales a las que se había adscrito el malogrado empresario; pero no supo explicar por qué el dinero sería entregado en efectivo y no se recurrió a un giro bancario.
Respecto a la responsabilidad administrativa, el informe refiere que se cometieron diez irregularidades, las que no tienen explicación de la principal autoridad de YPFB.
En la responsabilidad civil encontraron cinco irregularidades que tampoco fueron rebatidas por Santos Ramírez, pese a la documentación que presentó. Suxo dijo que la comisión –integrada por su persona, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, y el ministro de Defensa Legal del Estado,
Héctor Arce, encontró la documentación desordenada y que no existía respaldo de mucha información. Según Santos Ramírez, toda la documentación se encontraba en la institución, el 2 de febrero Ramírez tuvo la oportunidad de entregar todos los documentos a las autoridades interventoras.
Para Suxo, la responsabilidad cae sobre Ramírez, porque era la máxima autoridad ejecutiva y tenía la obligación de supervisar el contrato.
Pero el informe no se circunscribe al ex presidente de YPFB, también incluye a una docena de altos ejecutivos de la empresa, entre las cuales se encuentra la ex asesora jurídica Esther Carmona, que es la abogada de confianza de Ramírez, porque lo acompañó desde que asumió la presidencia de la Cámara de Senadores en 2006.
De la lista de diez funcionarios jerárquicos que entregó Morales para ser despedidos e investigados de forma inmediata, sólo tres fueron incluidos en el documento, se trata de Carmona, Misael Gemio y el ex gerente de Planificación Juan Carlos Arellano. La entrega del informe final de la Comisión Interventora postergó ayer la presentación de la imputación en contra de Ramírez, que debía realizarse en horas de la mañana, pero luego de la entrega del documento, a las 11:00 aproximadamente, los fiscales decidieron prolongar la presentación de la imputación formal.
Hasta el mediodía, los abogados defensores no fueron comunicados legalmente, dijo Víctor Borda, uno de los miembros del equipo de abogados que tiene Ramírez. Para entregar la imputación a la jueza Marcela Siles, los fiscales evitaron a los medios de comunicación y cuando ingresaron al juzgado, los oficiales de policía sacaron a Ramírez de la Fiscalía y lo introdujeron por el mismo garaje a las celdas de la Policía Judicial, donde se encuentra recluido desde hace dos días.
Las responsabilidades que se le imputan
Administrativa
- El contrato con Catler-Uniservice no cuenta con resolución de Directorio.
No hay certificación presupuestaria.
- La conformación de comisión de concertación, el acta de concertación, el informe de comisión y la resolución de adjudicación son de la misma fecha.
- La comisión de calificación no hizo una correcta valoración de la documentación.
- No cumple con lo establecido en el Sicoes.
- No tiene firma de abogado. No fue protocolizado en la Notaría de Gobierno.
Civil
- Han procedido a pagos parciales de recursos provenientes de otras partidas
- Se realizó modificación presupuestaria el 30 de diciembre de 2008.
- Ramírez instruyó la apertura de la carta de crédito por cuenta de Catler-Uniservice para beneficiar a la empresa Gulbys.
- YPFB no debería financiar a Catler-Uniservice, eso evidencia que esta empresa no tenía la capacidad financiera para emprender el proyecto.
- No debió realizarse ningún pago.
Penal
- Conducta antieconómica, por la mala administración y dirección técnica del presidente de YPFB y del gerente de Planificación, Misael Gemio.
- Uso indebido de influencias, por beneficiar a Catler-Uniservice, sin cumplir requisitos.
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, por favorecer indirectamente a la empresa Gulbys.
- Contratos lesivos al Estado.
- Incumplimiento de deberes, por omitir actos propios de sus funciones públicas.
Dos noches sin dormir
Santos Ramírez pasó dos noches sin dormir, según se pudo conocer, y hoy tendrá que esgrimir su defensa para que la justicia aplique medidas sustitutivas que le permitan enfrentar el juicio por corrupción en libertad.
La primera noche fue devuelto de la Felcc a la Fiscalía y durmió en una de la oficinas del sexto piso del Ministerio Público y ayer, cuando fue conducido a la Policía Judicial, se informó de que no estaba en las celdas, sino que los oficiales le brindaron una oficina donde estuvo reunido con su familia toda la tarde. La jueza Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, dispuso que la audiencia de medidas cautelares sea a partir de las 14:00
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