Anticorrupción ve indicios de delito en el urbanismo de Tres Cantos

El fiscal presentó en julio de 2008, según informa este miércoles El País, la denuncia ante la Audiencia Provincial, que la traspasó al Juzgado de Instrucción número 5 de Colmenar Viejo. Tras casi dos años de investigaciones, la fiscalía considera que los hechos que condujeron a la aprobación del plan, entre 2003 y 2006, podrían ser constitutivos de varios delitos, entre ellos cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas o blanqueo de capitales.

La decisión del fiscal se produce a raíz de sendas denuncias presentadas por el PSOE local en 2006. Como recoge el diario, tanto la ex alcaldesa de la localidad como el ex concejal de Obras pertenecían al partido independiente Tres Cantos Unido (TCU), del que fueron expulsados en marzo de 2007, tras una guerra política que acabó con la desintegración del partido. El ex jefe de Gabinete municipal, también denunciado, era la mano derecha de la alcaldesa.

Los hechos se remontan a 2003, cuando el Gobierno regional dio el visto bueno al nuevo plan urbanístico, que contemplaba inicialmente 4.500 nuevas viviendas. El Ayuntamiento, gobernado por una coalición formada por el PP y TCU, decide contratar a una empresa privada para gestionar el futuro urbanismo del municipio. Unos días antes de la adjudicación del concurso de gestión del plan urbanístico, en octubre de 2004, el edil popular Antonio Reino presenta su dimisión. Se marcha revelando sospechas de corrupción.

Un juez anuló hace dos semanas, según recoge el diario, el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de la gestión el plan urbanístico porque no se fijó el precio que la concesionaria tenía que pagar al Consistorio. "La alcaldesa participó en la votación de cuestiones relevantes del planeamiento de Tres Cantos", según el escrito de la fiscalía. "De dichas decisiones destaca la relativa a la monetización de los aprovechamientos urbanísticos", un concepto casi ininteligible que consiste en la valoración económica de los terrenos que se ceden al municipio.

La fiscalía señala que la decisión de monetizar los terrenos "se aprobó por el Ayuntamiento de Tres Cantos en diciembre de 2006". La ex regidora, que ha abandonado la política, explica que hace dos años acudió a la fiscalía a explicar su compra de un piso en la playa, "pagado con la hipoteca de mi casa".

El fiscal relata en su escrito de denuncia que Alberto Martínez "tenía intereses" cuando votó en el pleno municipal de julio de 2004 para otorgar la gestión del plan general urbano a un concesionario privado. Martínez no se abstuvo. El País publica que el secretario del Ayuntamiento, Mariano Díaz, informó aquel día que no existía motivo para la abstención del concejal. La Fiscalía Anticorrupción también denuncia a Díaz.

Otro de los denunciados, según informa el periódico, es Juan Carlos Delgado, ex jefe de Gabinete de la alcaldesa entre 2000 y 2006. Según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa Asesoría de Proyectos de Gestión, propiedad de Delgado, recibió 787.827 euros en 2006 por parte de la sociedad Trigemer "por servicios cuya realidad no consta". La fiscalía quiere saber por qué Trigemer facturó al Ayuntamiento 3.245.841 euros entre 2005 y 2007. Además, ha comprobado los gastos de Delgado y sugiere que entre 2004 y 2005 realizó desembolsos superiores a sus ingresos.