El PP adelanta el cierre de la comisión de los espías al refutarse todas las acusaciones

El PP comunicó este lunes por anticipado su decisión antes incluso de que comenzasen las comparecencias del equipo de Francisco Granados. En su primer turno de intervención, David Pérez destacaba que la información que este fin de semana publicó el diario El Mundo era el golpe definitivo para que la investigación concluyese. Ésta juzgaba que, de los nueve partes divulgados hasta el momento por el diario El País, "tres son falsos, tres contienen datos erróneos y tres son irrelevantes". Esto, unido a la confusión de El País a la hora de citar la fecha de uno de los partes de seguimiento -Prada estuvo en Chinchón pero se citó mal la fecha, que si es correcta en el parte-; a que Marcos Peña -al que se señaló como primer responsable del equipo de espías- no estaba en la Comunidad cuando se hicieron los espionajes a Ignacio González y Manuel Cobo; al contrainforme caligráfico que niega que José Manuel Pinto escribiese los partes de seguimiento; y al informe interno que asegura que no se encontró ningún gasto del personal que apoye la teoría del espionaje hacen, según Pérez, que los argumentos hayan sido "desmontados uno a uno". "¿Qué vamos a investigar ahora?" espetaba a una oposición a la que acusó de hacer seguidismo del diario El País en una campaña para "desprestigiar" al Gobierno de Esperanza Aguirre y salvarse al mismo tiempo de la crisis económica.

Que para el PP el tiempo de la investigación se ha acabado y que ha llegado el de la reparación lo dejó claro el hecho de que la bancada popular ya se refiriese a la comisión en pasado. Sus miembros, el propio Pérez, Juan Soler y Pablo Casado, aseguraron que habiendo quedado la falsedad demostrada su grupo "no va a participar" en una "tomadura de pelo a los madrileños" que afirmó sólo se mantiene por el rédito político que la oposición puede sacar de ella. Por si quedaban dudas, todos los comparecientes de este lunes (Sergio Gamón, Mar Pérez Merino, Enrique Barón y Alejandro Halffter) se unieron al mantra popular: "No se ha ordenado, ni consentido, ni amparado nada que tenga que ver con espionajes".

Las preguntas sin responder
A pesar de la concienzuda insistencia del PP, PSOE e IU no se dan por vencidos ante lo que anticipan será un "escándalo" si llega a consumarse, dado que creen que apenas se ha investigado nada. Recalcan ambas formaciones que aún no se sabe quién miente cuando la Consejería de Interior asegura que en la época de Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón ya se realizaban tareas de contravigilancias y avanzadas, extremo que han negado ante la comisión las administraciones anteriores a la de Esperanza Aguirre por estar fuera de sus competencias. De la actual estructura del departamento dirigido por Francisco Granados, siguen sin explicarse por qué hay nueve asesores de seguridad para una "escuálida competencia” como es la de vigilancia de edificios y locales. En el caso de Sergio Gamón denuncian que es un cargo que cobra un gran sueldo sin que sus competencias, como admite la Comunidad, estén desarrolladas. Tampoco cree esclarecido el robo del ordenador del Campus de la Justicia. Alejandro Halffter, viceconsejero de Presidencia e Interior, llegó a decir que el hombre de Alfredo Prada al que se lo sustrajeron ni si quiera podía acreditar “que el ordenador estuviera allí”. Sergio Gamón, que acudió para "controlar la seguridad" tras el cese de Prada, asegura que salió de las dependencia como entró, "con las manos vacías". Mar Pérez Merino, secretaria general técnica de Granados, reveló que han sido cinco y no una las máquinas desaparecidas, dos de ellas que Alfredo Prada se llevó ofreciéndose a abonar su coste.

Aunque el PP asegura que la Dirección de Seguridad se está desmontando con Esperanza Aguirre y que su estructura y personal fueron heredadas, la oposición se pregunta cómo es que sus gobiernos son los únicos que han gozado de una Consejería de Interior, cuando ni Leguina ni Gallardón le dieron tanta importancia y tenían sus competencias incluidas en las áreas de Gobernación y Medio Ambiente, respectivamente.

Considera especialmente grave que ninguno de los comparecientes, ni si quiera los responsables directos de la seguridad como el propio Gamón o Enrique Barón hayan mostrado preocupación por la afirmación de Miguel Castaño, subdirector de Seguridad, de que las agendas de los altos cargos de la Comunidad estaban prácticamente al alcance de cualquier mano ya que al día siguiente se quedaban "tiradas en los coches" o en las dependencias de la Comunidad. Este "grave problema de seguridad" podría dar origen, según Castaño, a que los partes hubiesen sido hechos a posteriori.

Prada, Cobo, Gallardón y los 30 partes
Como contramedidas al posible cierre, el PSOE ha exigido por escrito a la presidenta de la comisión, Rosa Posada, que, dadas las dudas del PP sobre los partes de seguimiento, se pida a la Fiscalía no los nueve descalificados por El Mundo y a los que el PP "se aferra como un clavo ardiendo", sino los 30 que el diario de Prisa entregó a la Fiscalía. Izquierda Unida clama asimismo porque los populares permitan comparecer a los espiados Alfredo Prada y Manuel Cobo, además de a Alberto Ruiz Gallardón, que dieron crédito a las acusaciones de El País y se han mostrado dispuestos a hacerlo. Ahora bien, la experiencia de llamar a uno de los hombres del alcalde o a personas próximas a Mariano Rajoy no fue buena para los partidarios de Esperanza Aguirre, ya que Pedro Calvo se desvinculó de cualquier espionaje, calificó su presencia de "absurdo" y apuntó que la investigación debía centrarse en la época en que la presidenta llegó al poder en la Comunidad. Socialistas e IU recuerdan además que este "lío" no lo montó El País, sino que viene de la "lucha por el poder" en el seno del partido de Génova y que fue Esperanza Aguirre quien aseguró que en 2006 ya había dossieres contra dos de sus hombres.

Aunque PSOE e IU se opongan, la mayoría popular le da pie a tomar la decisión este mismo martes, quedando como último compareciente Francisco Granados, que declarará el miércoles por la mañana ante la que puede ser la última sesión de la comisión de investigación para dilucidar las responsabilidades políticas por los supuestos espionajes a altos cargos en la Comunidad de Madrid.