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Sentencias de derribo en Cantabria

El Parlamento Europeo admite a trámite la petición de los afectados

El Parlamento Europeo admite a trámite la petición de los afectados

martes 10 de marzo de 2009, 12:59h
Unos cien miembros de la Asociación Maltratados por la Administración (AMA) asistirán el 16 de abril a la exposición de sus propuestas en Bruselas. Las sentencias de derribo afectan a 1.114 inmuebles y a 4.000 personas de distintos municipios de la región.

El Parlamento Europeo ha admitido a trámite las propuestas que la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a afectados por sentencias de derribo de viviendas en la región, había presentado el pasado mes de diciembre.

   En concreto, habían planteado a la Comisión de Peticiones de la Cámara europea una petición para que no se vulnere el derecho a la vivienda digna y la propiedad privada, y haya protección a las víctimas.

   Se reclamaban medidas para crear seguridad jurídica, de forma que quienes adquieran viviendas con autorizaciones legales no se enfrenten después a la existencia de sentencias de derribo, situación que en Cantabria afecta a 1.114 inmuebles y 4.000 personas de distintos municipios costeros de la región, según los cálculos de AMA.

   El Parlamento Europeo ha fijado como fecha para que AMA exponga sus propuestas ante la Comisión de Peticiones el próximo 16 de abril. Ese día, un centenar de personas convocadas por la asociación se desplazará a Bruselas para apoyar la presentación de estas peticiones.

   AMA valoró que este trámite supone "un éxito y reconocimiento para esta Asociación que lleva muchos años pidiendo justicia, seguridad jurídica para todos los ciudadanos".

Propuestas

Entre las propuestas planteadas por esta asociación de afectados por sentencias de derribo se encuentra la creación de un registro de demandas público o la obligación de los notarios de comunicar, al elevar a escritura pública el contrato privado, las cargas que tiene esa propiedad, entendiendo que una demanda que pueda convertirse en sentencia es también una carga que debe conocerse con anterioridad a la adquisición de la vivienda.

   Se pide la regularización de la situación legal de los inmuebles afectados cuando el ordenamiento jurídico lo permita, la permuta de viviendas ilegales, por otras que cumplan la legalidad vigente y los acuerdos con los afectados antes de que se decida cualquier actuación que minusvalore el patrimonio de la misma.

   La Asociación de Maltratados por la Administración representa a 23 urbanizaciones afectadas, dieciséis están en Argoños, cinco en Piélagos-Liencres, una en Arnuero y otra una en Miengo.

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