Derechos Humanos entrega informe sobre el conflicto de Oaxaca

El conflicto en Oaxaca dejó un saldo de 20 muertos, 381 lesionados y 336 personas detenidas de los que 56 continúan presas, de acuerdo con el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso.

Al entregar el documento a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, señaló que se cometieron violaciones al derecho a la libertad, a la integridad y seguridad, a la propiedad y posesión, a la legalidad y seguridad jurídica y al derecho a la vida.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro expuso que ese informe abarca del 2 de junio de 2006 al 31 de enero de 2007, lapso en el que murieron 20 personas, 11 de manera directa con los hechos y nueve de forma indirecta.

El informe del organismo destaca que "el estado de Oaxaca presenta grandes rezagos en materia social, económica y política que no han sido atendidos oportunamente por parte de los tres órdenes de gobierno conforme a su esfera de competencias".

Señala que esa situación, sumada a la falta de capacidad para el diálogo y la negociación para la atención de las demandas laborales de la Sección XXII del SNTE, generó y desarrolló un conflicto en el que participaron, además del magisterio de Oaxaca, asociaciones y grupos que conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Expone que durante los más de seis meses del conflicto "se evidenció la incapacidad de las autoridades estatales y el desinterés de las federales para atenderlo y darle solución".

Con ello, refiere, incumplieron su deber de impulsar desde las instituciones los procedimientos democráticos, apegados a Derecho, para la solución pacífica de los conflictos.

Plantea que al no hacerlo se cancelaron los espacios del mejor ejercicio de sus facultades institucionales y de la política. Esas actitudes propiciaron vacíos de poder que los grupos sociales ocuparon y que para su recuperación se recurrió al uso de la fuerza pública.

También "la CNDH comprobó que se realizaron violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades federales, estatales y municipales en el desarrollo de sus actividades".

A decir del organismo, existió omisión, considerando ésta cuando particulares o algún otro agente social realiza algún ilícito que viola derechos humanos, contando con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad o bien cuando éstas últimas se niegan de manera infundada a ejercer las atribuciones a las que legalmente están obligados.

El informe que analizarán los legisladores resalta que se cometieron violaciones al derecho de libertad, específicamente contra la libertad de reunión y la libertad personal, por detenciones arbitrarias y por retenciones ilegales, y a las libertades de expresión y a la información.

De igual forma se registraron violaciones al derecho a la propiedad y a la posesión. En este caso se materializaron en ataques a la propiedad privada y a la posesión por desapoderamiento y daños.

De acuerdo con el documento de la CNDH se cometieron violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal. Las violaciones acreditadas en ese rubro comprendieron atentados contra la integridad personal y tortura.

"Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica. Se configuraron violaciones contra la administración de justicia por dilación en la procuración de justicia, dilación administrativa en los procedimientos jurisdiccionales, por irregular integración de averiguación previa y por incomunicación", precisa.