El Gobierno se queda sin ideas: recupera viejas medidas ya anunciadas

El Gobierno ha aprobado un decreto-ley de reformas estructurales y de impulso a la actividad económica que contempla la trasposición de la directiva de servicios en el mercado interior y la reforma de la Ley Concursal.

   El objetivo de la directiva, que los estados miembros deben incorporar a su legislación antes del 28 de diciembre de 2009, es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre estados miembros.

   La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció este jueves la aprobación de este decreto-ley y destacó que se trata de una medida de "enorme importancia a la hora de superar y salir reforzados de la situación de crisis" que atraviesa la economía española.

   Además, afirmó, en un acto de entrega de los premios de Arquitectura, Interiorismo y Diseño de Confemadera, que se trata de una norma que va a "impulsar y apoyar" el presente y el futuro de las empresas con viabilidad, y muy en especial aquellas que apuesten por la I+D+i.

   En concreto, el Ejecutivo dará el visto bueno para su remisión a las Cortes a la conocida como 'ley paraguas', una norma horizontal por la que se traspone la directiva de servicios, que supondrá una liberalización y flexibilización de las distintas actividades de este sector.

   Además, el Consejo de Ministros analizará también el anteproyecto de Ley, conocido como 'ley ómnibus', que modifica 47 leyes estatales como consecuencia de la trasposición de esta directiva. Este anteproyecto, que será remitido a información pública, contempla entre otras cuestiones la eliminación de aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general o sean innecesarias para atender esos fines.

   Esto supone que, en general, se sustituirán procesos de autorización administrativa previa (que suponen dilaciones temporales) por declaraciones o notificaciones que, posteriormente, podrán ser monitorizadas por las autoridades competentes. Además, se suprimirán los requisitos discriminatorios o desproporcionados para el fin que persiguen.

Colegios profesionales

   Además, la 'ley ómnibus' contempla también una reforma "en profundidad" de la norma que regula los colegios profesionales, cuya aprobación es anterior a la democracia, con el fin de liberalizar el ejercicio profesional. Concretamente, se suprimirán las restricciones a la publicidad por parte de los profesionales, así como las limitaciones que existen ahora para ejercer más de una profesión.

   Se elimina también la prerrogativa de los colegios profesionales para fijar los baremos orientativos de precios y se les obligará a que las cuotas de inscripción que pagan los asociados se ajusten exclusivamente a los gastos que conlleva dicho ingreso. Con esta medida, se trata de evitar tarifas de ingreso a los colegios profesionales que pueden llegar a los 6.000 euros.

Cargas administrativas

   También se reducirán otras cargas administrativas para los prestadores de servicios, como inscripciones en registros, renovación de autorizaciones o duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos, al tiempo que se dará un gran impulso al proceso de simplificación de los trámites que deben llevar a cabo los prestadores de servicios aprovechando el potencial de las tecnologías de la información.

   A través de la Ventanilla Única, cualquier ciudadano podrá obtener la información y realizar los trámites necesarios para la puesta en marcha de una actividad de servicios telemáticamente, tanto si desea establecerse en España, como en cualquier país de la UE.

   Igualmente, se incluyen los trámites de todos los niveles de las administraciones públicas (estatal, autonómico y local), que deberán coordinarse entre sí (y con las administraciones de otros estados), para facilitar la tramitación a los ciudadanos. Sólo se excluyen aquellos trámites que, por su naturaleza, requieran una comprobación presencial, como la acreditación de la personalidad ante un notario o la inspección previa de un local, cuando es necesario.

   Junto con la trasposición de la directiva de servicios, el decreto-ley que aprobará hoy el Gobierno contempla que el Consorcio de Compensación de Seguros participe en el reaseguro de las operaciones de crédito, de tal manera, que el organismo asumirá un mínimo del 5% del importe de las pólizas de seguros que suscriben las empresas para asegurar las compras a crédito.

  Como consecuencia de la crisis financiera, las aseguradoras están restringiendo los riesgos que asumen y, por tanto, están limitando la cobertura del riesgo en la contratación por parte de las empresas de las pólizas de seguro de crédito. Por ello, el Gobierno trata con esta medida de asegurar el normal funcionamiento del tráfico mercantil asumiendo una parte del riesgo de las aseguradoras, lo que beneficiará fundamentalmente a las pymes.

   En este sentido, Economía calcula que la participación del Consorcio de Compensación de Seguros en el reaseguro de estas pólizas asegurará operaciones mercantiles por un volumen de 40.000 millones de euros.

Ley Concursal

   Finalmente, el Ejecutivo dará el visto bueno a la reforma de la Ley Concursal, con la finalidad de garantizar un procedimiento concursal más ágil, menos costoso y eficiente en sus resultados, así como generar incentivos para que las empresas y el resto de deudores se acojan al concurso, eliminando trámites procesales innecesarios, abaratando costes y reorganizado la administración concursal.

   La intención del Gobierno es simplificar la tramitación de los concursos ante los problemas de acumulación de peticiones de los mismos que se están dando en la actualidad como consecuencia de la crisis, así como las dificultades en las funciones preconcursales.