Como señaló ayer la crónica del semanario de investigación BLANCO Y NEGRO en este Diario, la “onda expansiva” del ataque a Angostura el 1.º de marzo de 2008 llegó a los servicios de Inteligencia militar y policial ecuatorianos.
Son evidentes los golpes recibidos por los organismos de Inteligencia, con el desplazamiento de elementos de esas unidades, la transformación final de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES) en la flamante Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), los vacíos de financiación y el proyecto en ciernes de una Secretaría de Inteligencia, a cargo del sistema nacional de Inteligencia con presencia civil, que sería dirigido al parecer por el ministro de Seguridad Interna y Externa, encargado de concretar el proyecto de esa creación.
Lo más grave resulta que esos golpes, en tanto cobra forma definitiva la creación de aquella Secretaría, se aprueba su sustento jurídico y se la dota de financiación, agudicen la vulnerabilidad del país en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y otras bandas delictivas, la trata de personas y más acciones contra el crimen organizado.
Es positivo que el Estado busque una formulación coherente de las políticas de Inteligencia, contar con una política pública de procesamiento de la información y de coordinación del trabajo interno de inteligencia policial y militar, y la coordinación externa con el trabajo de unidades análogas en otros países del mundo, coordinación que en los debidos niveles es normal, y resulta absurdo que se la satanice y proscriba.
Pero hay razón para exigir que se respete el carácter profesional de un sistema de seguridad, con los debidos controles del poder civil, y sobre todo se prevenga de la posibilidad de crear un sistema al servicio del Gobierno de turno y la utilización política y hasta partidista de la información obtenida por los servicios de Inteligencia.
Si (
No(
