No se trata de solidaridades automáticas, se trata de derechos fundamentales que son violados
La presunción de inocencia constituye un pilar fundamental de los sistemas de justicia en donde funciona el Estado democrático de derecho. Desde el Presidente de la República hasta los diputados y demás funcionarios públicos que han intervenido en el caso levantado contra Manuel Rosales, lo han juzgado y sentenciado como culpable sin cuidar al menos la formas, como lo señala la ley, con la palabra "presuntamente" antes de achacarle los delitos que le señalan. Al propio Presidente le he escuchado decir que en la época de Betancourt cuando se luchaba contra la guerrilla la supuesta orden era "dispare primero y pregunte después". ¿Cuál es la diferencia entre lo que ahora se hace en el caso Rosales respecto de aquella orden (si acaso existió) que el propio presidente Chávez recrimina y reciente?
Si aquella orden realmente existió, sin duda fue una violación de derechos humanos fundamentales. Nadie lo niega. Habría aún que determinar de las condiciones en que fuera impartida, en medio de un enfrentamiento armado y la proporcionalidad de medios entre las partes combatientes. Si sucedió aquello en esa época, jamás se justifica que se haga lo mismo ahora. Se ha usado todo el poder comunicacional e institucional del Estado venezolano para poner en tela de juicio la honorabilidad de una persona, sin que haya sido sometida a un proceso judicial justo, sin permitirle el ejercicio pleno de su derecho a la defensa y sin que se haya producido una sentencia condenatoria sobre los hechos que se le imputan. Se pretende juzgarlo y sentenciarlo en los medios y no que lo haga su juez natural. El propio Presidente de la República lo condena a la cárcel públicamente y, de inmediato, se inician procesos judiciales, radicación de la causa, y persecución y acoso personal realizado por los medios nacionales de seguridad.
Un diputado abogado ya lo trata de prófugo, aun cuando no existe orden de captura. La presidenta de la Asamblea Nacional ya está pidiendo elecciones para dentro de noventa días para sustituirlo en la alcaldía de Maracaibo. Basta encender media hora el canal oficial del Estado venezolano para percatarse del linchamiento mediático que el gobierno está ejecutando. Algunas voces de oposición han salido en defensa de los derechos constitucionales al debido proceso del alcalde Rosales, y de inmediato la misma orquesta gubernamental, siguiendo las palabras de su director-presidente, comienzan a hablar de "solidaridades automáticas". Nos advierten que tengamos cuidado con manifestar solidaridades automáticas.
No se trata de solidaridades automáticas con nadie. Se trata de derechos fundamentales que están siendo violados. Cuando esos derechos no son respetados, todo lo que se origine o se produzca de un proceso viciado, es nulo.
Si tras un juicio justo, un juez imparcial -luego de permitir a quien se imputa alegar y probar con absoluta libertad, ejercer su defensa a plenitud- queda convencido de la culpabilidad del acusado, pues sólo entonces que sentencie en consecuencia. Pero si se duda de la imparcialidad del juez, si no se respetan las normas de distribución y asignación del expediente, si no se da la oportunidad de alegar y probar en contrario a lo que se le imputa, si se atropella el debido proceso, lo que finalmente se sentencie siempre estará enmarcado dentro del terreno de lo sospechoso. Esa es la diferencia. Todos estamos obligados a presumir la inocencia. Quien alega la culpabilidad de alguien debe probarla y ese alguien debe tener un proceso justo para tratar de enervar la culpabilidad que le imputan. Nadie está declarando "solidaridades automáticas", lo que estamos declarando y reclamando es lo que ordena la Constitución: "presunción de inocencia automática" y "debido proceso".
Aunque el mismo Presidente no lo crea, aunque haya producido ya sus sentencias condenatorias públicamente, aunque haya puesto a toda la institucionalidad del Estado venezolano a condenarlo, aunque hayan montando una descomunal campaña comunicacional condenatoria, desde el Presidente para abajo y para los lados, todos, están obligados a presumir la inocencia de Rosales. Sin sentencia condenatoria en juicio justo y con juez imparcial, la presunción de inocencia persiste.
Esto es lo que defendemos, los principios fundamentales de un Estado democrático de derecho que cada día se aleja más de nuestra patria. Si alguien es culpable, que sea sentenciado y cumpla su condena. Y si es inocente, que pueda defenderse hasta probarlo. Lo que es inaceptable es permitir silentes que se destruya públicamente a una persona condenándola ante el país, sin que haya habido ni juicio ni mucho menos sentencia. Y más inaceptable aún es que quienes defienden estos principios y alzan su voz de protesta, se les meta en el saco de "solidaridades automáticas" para tratar también de dañarlos públicamente.
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