Amnistía Internacional afirmó que recibió informes "sobre agresiones a periodistas por parte de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad" de Venezuela, donde, según resalta, "la inseguridad pública siguió siendo un problema, debido en parte al elevado número de armas pequeñas en circulación, incluso en los centros penitenciarios".
El presidente Hugo Chávez dictó un total de 66 decretos sobre "un amplio abanico de asuntos" en los 18 meses que estuvo en vigor la "ley habilitante" y que quedó sin efecto el 31 de julio de 2008.
Uno de esos decretos obligaba a una persona a informar sobre sus conciudadanos si no quería ser objeto de acciones judiciales. Esta ley fue derogada en junio, un mes después de su promulgación, con motivo de las protestas que suscitó, recuerda Amnistía Internacional en su informe.
Pese a que se registraron "algunos avances" en el combate de la violencia contra las mujeres, la ley promulgada en 2007 con ese objetivo no contó con la voluntad política de las autoridades locales y la policía para aplicarla y hacerla efectiva, según el organismo.
En este apartado, la organización pro derechos humanos cita el caso de Alexandra Hidalgo, quien fue sometida a torturas y violación durante siete horas. Al finalizar 2008, sólo dos de los agresores habían comparecido ante la justicia.
Asimismo, AI afirma que las autoridades venezolanas intentaron "socavar la legitimidad del trabajo de derechos humanos formulando acusaciones infundadas contra organizaciones que defendían esos derechos", y la expulsión del país de directivos de la ONG Human Rights Watch tras publicar un informe en el que se criticaba al Gobierno de Chávez.