El Ecuador es el país de América Latina que alberga a más refugiados y desplazados por el conflicto interno de Colombia. La acción humanitaria del Estado ecuatoriano tiene un costo para cuyo financiamiento cuenta con la ayuda de la Acnur, pero no, como debería, con el aporte del propio Gobierno de Colombia, que está obligado a atender la situación de sus ciudadanos.
Desde al año 2000 hasta el 15 de mayo de 2009, la Cancillería ecuatoriana ha registrado a 26 167 colombianos; alrededor de 135 mil no se hallan registrados legalmente. Hasta marzo de 2010 se proyecta registrar a 50 mil, según cifras oficiales.
No obstante, de acuerdo con Acnur, existen 150 mil que requieren protección internacional. Y, mientras no haya una salida para el conflicto interno en el país vecino, ese número puede crecer, tanto más cuanto se intensifica la escalada militar en los departamento colombianos que limitan con las provincias ecuatorianas, sobre todo en Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas.
Una de las condiciones que ha puesto el Gobierno del Ecuador para restablecer las relaciones diplomáticas con Colombia es que su Gobierno se comprometa a brindar la ayuda necesaria para la atención de los refugiados y desplazados. Mientras permanezcan interrumpidas esas relaciones, debería pedir la Acnur a Colombia que asuma sus responsabilidades ante sus ciudadanos refugiados en el Ecuador y realice un aporte significativo para atenderlos.
El esfuerzo humanitario del Ecuador, que tiene un alto costo para el Estado, no es aquilatado en toda su dimensión por el Gobierno colombiano.
La compleja problemática de la población refugiada y el drama de los desplazados exigen solidaridad del país, pero también apoyo internacional y, en primer lugar, de la propia Colombia, no solo ahora, sino con planes de mediano y largo plazo para posibilitar el regreso de esa población y su reasentamiento en su país de origen en condiciones de seguridad.
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