En manos de la Asamblea royecto de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, envió a la Comisión Legislativa y de Fiscalización el proyecto de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que tiene por objetivo desarrollar una normativa que garantice la eficaz aplicación de lineamientos de control constitucional, la organización y estructura de la justicia en este ámbito, así como de los procesos constitucionales.
 
El propósito del proyecto es promover y lograr una nueva y eficaz justicia constitucional en el Ecuador, capaz de garantizar los derechos humanos a todas las personas y de asegurar el principio de la supremacía de la Constitución dentro del sistema jurídico ecuatoriano.

El Primer Mandatario, en su exposición de motivos, indica que la Constitución del 2008 abre un nuevo panorama a las acciones constitucionales. El régimen de las garantías constitucionales de los derechos constitucionales tuvo modificaciones significativas: se ampliaron las acciones de protección de derechos, se estableció una acción de conocimiento, se reconocieron formas integrales de reparación, la responsabilidad horizontal en las violaciones de derechos, se distinguió la acción de protección de la medida cautelar.

También, la Corte Constitucional dejó de ser un tribunal de segunda instancia, pasando a ser el máximo órgano creador-formador de líneas jurisdiccionales. De igual modo, la acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por cualquier persona, el espectro de normas susceptibles de control constitucional es más amplio; y, por último, se reformula el denominado “control difuso”, que responde a una nueva lógica.

Se refiere también a la estructura de la justicia constitucional, y en particular, la organización de la nueva Corte Constitucional.

En este contexto, señala que el proyecto de ley pretende desarrollar armónicamente y dar vida a la Constitución, con el objeto de inaugurar una nueva justicia constitucional en el Ecuador, por lo que la iniciativa desarrolla y concreta sus directrices, regulando de manera integral los procesos constitucionales; la constitucionalización de la justicia y del derecho, la actualización doctrinaria de la legislación constitucional, entre otros principios.

El proyecto tiene 203 artículos, 23 disposiciones transitorias, una reformatoria, dos derogatorias; y, una final.