Pasado mañana se cumple un año desde que la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) ingresó, la madrugada del 8 de julio de 2008, y tomó control de dos canales de televisión y de otros bienes de los banqueros Roberto y Williman Isaías.
Como era de esperar, tal decisión mereció el aplauso de la ciudadanía, que finalmente veía que se aplicaba la justicia a unos banqueros que habían actuado por encima de la ley para incumplir con una enorme deuda que el Estado les demandaba de la época que manejaban el Filanbanco.
Junto a los canales de TV, la AGD se incautó de otras 193 empresas vinculadas, entre las que se mencionan haciendas, aseguradoras, hoteles, un ingenio azucarero, inmovilidrias, etc.
Durante el forcejeo al incursionar con la fuerza pública a TVtelevisión, el gerente de la AGD, Carlos Bravo, se comprometió a sacar a subasta, lo más rápido posible, las empresas, bajo el argumenro de que lo que interesaba al Estado era recuperar el dinero para pagar a los deudores de la banca cerrada.
Ese argumento también esgrimió cuando incautaron bienes a otro banquero: Alejandro Peñafiel.
A inicios de este año, Bravo firmó que, en el primer trimestre de 2009, sacaría a remate los bienes de los banqueros, incluyendo los canales de TV. Pero esto no ha sucedido.
La comunidad ecuatoriana es testigo de que el Gobierno de Rafael Correa ha metido la mano en los canales de TV, que son usados como parte del engranaje de los medios públicos, que aquí se asimilian al Gobierno y no al Estado.
Los noticiarios de esos canales tienen una marcada tendencia a defender las posiciones del oficialismo, en un manejo que se contrapone con la ética periodística que impone el contar con todas las versiones , incluidas, las opositoras.
El tema es delicado porque la AGD, que al incautar actuó apegada a derecho para recuperar el dinero de los acreedores, hoy parece sometida a la voluntad del Gobierno.
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No(
