La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado al Gobierno que imponga sanciones a la Iglesia Católica.
La petición se debe a las diversas misas celebradas el 20 de noviembre en diferentes puntos del país , en las que se llevó a cabo una exaltación de la figura del dictador Francisco Franco y, por lo tanto, un acto de menosprecio y humillación hacia sus víctimas.
La ARMH denuncia que, año tras año, numerosos lugares de culto católico ofician ritos de homenaje al dictador, hechos que deberían ser castigados con la máxima gravedad, ya que la Iglesia es una de las organizaciones con mayor trato de favor por parte de los Gobiernos españoles desde el regreso de la democracia.
Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de un desaparecido asesinado por la represión franquista, "es incomprensible que en todo el texto de la Ley de Memoria Democrática no se mencione a la Iglesia católica que fue parte del aparato represivo de la dictadura". Silva afirma que la institución religiosa "participó activa y masivamente en la represión y disfrutó de enormes privilegios durante la dictadura por legitimar al dictador y convertir el sistema educativo en un lugar de maltrato y acuartelamiento".
Exigencia de sanciones y el marco legal
La ARMH exige a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que elabore un informe que recopile las misas católicas celebradas en esa fecha para exaltar a Franco. Además, la asociación solicita que se interpongan las sanciones máximas, ya que se trata de una organización religiosa que recibe subvenciones de diversas instituciones del Estado, lo que la convierte en administradora de recursos públicos.
El artículo 38.1 de la Ley de Memoria Democrática establece el marco legal. Se considera que son "actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial".
La estrategia de la polarización
Silva califica de lamentables las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien afirmó esta semana que las políticas de memoria polarizan a la sociedad. El presidente de la ARMH considera que se trata de "una estrategia que han mantenido desde que comenzó la búsqueda científica de desaparecidos por la represión franquista y por primera vez las instituciones comenzaron a debatir sobre nuestros desaparecidos".
Silva insiste en que la Iglesia Católica sigue recibiendo un trato de favor y "todavía no se ha disculpado pública y notoriamente de su connivencia con los crímenes del franquismo e incluso por los religiosos que escribieron en algunos pueblos las listas de los republicanos que tenían que ser asesinados por los pistoleros falangistas". El activista concluye: "Lo que sí polariza es que con total impunidad esta organización religiosa haya abusado de 400.000 menores, según el informe del Defensor del Pueblo, y siga recibiendo dinero del Estado para seguir educando menores".
Silva también critica que, respecto a los mártires de la guerra, "jamás han mencionado a los cientos de religiosos que murieron bajo los bombardeos franquistas o los sacerdotes que fueron detenidos ilegalmente en el módulo específico para curas que la dictadura habilitó en la cárcel de Zamora". La ARMH sostiene que la Iglesia simula equidistancia, pero sigue ayudando a ocultar los crímenes del franquismo.
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