¿Es cara la justicia gratuita?

Cuando el sol del verano más calienta, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se saca de la manga estival una queja por el excesivo coste de la justicia gratuita, derecho a litigar de forma gratuita reconocido por la Constitución a aquellos que carecen de recursos. Pone el grito en el cielo por la factura que le pasa el Colegio de Abogados por el llamado turno de oficio, unos 50 millones de euros anuales, pero calla ante la denuncia por el impago de 21 millones de euros correspondientes a la factura de 2009.

Granados, además de una latente insensibilidad ante las necesidades no de los letrados que realizan estas tareas sino de las personas que reclaman este derecho, dijo que una parte de estos abogados además de inflar sus recibos recurren a otras instancias en algunos casos de clientes, sobre todo inmigrantes, que ya han sido expulsados de España. Según la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a ser asistidos con coste cero los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la UE y los extranjeros que residan legalmente en España, siempre que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar. En el orden jurisdiccional penal, también se le reconoce a los extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos, aunque no residan legalmente en España. Se entiende que carecen de recursos económicos suficientes aquellas personas cuyos recursos e ingresos y los de su familia no superan el doble del Salario Mínimo Interprofesional.

Da la sensación de que el Gobierno regional, quizá acuciado por los efectos perversos de la crisis económica, quiere reducir gastos, pero se equivoca al meter la tijera en asuntos que merecen una atención preferente para las personas que menos tienen. Ya se sabe que los que están amontonados de dinero destinan una buena parte de sus ingresos, blancos, negros o amarillos, a pagar a letrados de despachos de postín para garantizar su inocencia y la de sus negocios. ¿Recuerdan que está pendiente la autorización del Senado español para procesar al de los dineros del PP, el Bar-Cenas y Comidas?  En fin, que si es caro o barato un derecho constitucional no depende del coste del mismo sino de su utilidad. También es cara la Educación, pero sirve para la formación de los estudiantes, y la Sanidad, pero ayuda a prevenir la enfermedad, a curar los males de sus ciudadanos y a garantizar una buena Salud Pública. Igual pasa con las penalidades de una mujer u hombre, inmigrante o nacional, cuando tiene que relacionarse con la Justicia.

Granados debe pensar que los sufrimientos de las personas que pasan por los Juzgados, o que de los calabozos son conducidas a una prisión, son cuentos chinos. Hay ciudadanos que por una mala asistencia letrada se comen marrones por no presentar a tiempo un escrito y otros pasan más tiempo del necesario en una cárcel porque el abogado de turno de oficio que le asistió ante de entrar en sitios con rejas no ha vuelto a interesarse por él ni por su caso. Si hay letrados que se pasan, que les corten las alas, pero que no se quite ni un euro preveniente de los impuestos de los madrileños a un servicio tan necesario como el derecho a un juicio justo como innecesarios son otros gastos de los gobiernos en los que los únicos beneficiarios son ellos, lo que ahora se quejan del coste alto de la Justicia gratuita.