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La reforma de salud en ciernes ya excluye a los inmigrantes indocumentados pero ofrece la oportunidad para que el Gobierno levante la veda de cinco años a los subsidios médicos federales que afrontan los inmigrantes legales pese a que pagan impuestos.
Los residentes legales, que ya afrontan trabas para tramitar sus visas desde sus países de origen, pagan todos los impuestos que se requieren de los ciudadanos estadounidenses pero, desde 1996, no tienen los mismos derechos y privilegios.
Una ley federal dice que, salvo algunos casos humanitarios, la mayoría de los inmigrantes legales tienen que esperar un plazo de cinco años para, por ejemplo, solicitar beneficios del programa federal "Medicaid", que cubre los gastos médicos de gente pobre.
En los corredores del poder en Washington, el consenso es que una eventual reforma de salud sin duda excluirá de cualquier subsidio a los inmigrantes indocumentados, que ya tienen prohibida la ayuda del sistema de beneficencia pública de Estados Unidos.
Pero, según dijo a Efe Marc Rosenblum, analista en temas de salud del Instituto para Política Migratoria (MPI, en inglés), el debate sobre la reforma de salud "ofrece una oportunidad para revaluar la exclusión" de los inmigrantes legales y, sobre todo, para esclarecer quiénes y cuántos se beneficiarán de la reforma.
Una pregunta clave que no debe faltar en el enconado debate, continuó Rosenblum, es si los inmigrantes legales de bajos recursos podrán recibir subsidios federales para la compra de seguros de salud en el sector privado.
Si se logra un consenso en torno a ese punto sería una victoria política para los hispanos, que contribuyeron en gran medida al triunfo electoral del presidente Barack Obama en noviembre de 2008.
Sería también un resultado congruente con la meta de Obama de mejorar la calidad y cantidad de personas aseguradas en Estados Unidos, y de abaratar los costos de salud, según analistas.
En ese sentido, Rosenblum y otros analistas argumentan que, en general, los inmigrantes legales tienden a ser más jóvenes y más saludables que los nacidos en Estados Unidos, por lo que su inclusión en el nuevo sistema de salud que se perfile generaría ahorros a largo plazo.
La alternativa sería desastrosa, por supuesto: son incontables las anécdotas de inmigrantes, tanto legales como ilegales, que por falta de seguro médico no acuden a un consultorio o, peor aún, esperan hasta que se agravan sus males y terminan en una sala de urgencias.
Es absurda, según observadores, la idea de algunos legisladores de excluir también a los inmigrantes legales de la reforma de salud, con el argumento de que eso, de alguna manera, frenará futuros flujos migratorios.
Lo innegable es que privar a la gente de los servicios médicos por su estatus migratorio sólo pondrá en peligro su salud y la del resto de personas que tengan que compartir espacios públicos con ellos.
Y no frenará la inmigración a Estados Unidos que, como bien está documentado, se debe al subdesarrollo y pobreza en América Latina y la falta de trabajos bien remunerados en la región. Los inmigrantes, con o sin papeles, echan raíces donde tienen trabajo, familiares y amigos en EEUU.
No vienen a EEUU, como insinúan algunos conservadores y grupos anti-inmigrantes, por la calidad del cuidado médico. Para muestra un botón...de eso dan fe los casi 50 millones de estadounidenses que carecen de seguro médico, o las decenas de miles más que tienen una cobertura precaria.
El reto de la Casa Blanca es lograr que el Congreso apruebe una vasta reforma del sistema de salud en 2009 y, si queda capital político, apruebe también una reforma migratoria integral el próximo año.
Es una labor tan ingente como poco envidiable para Obama pero que conforman, juntas, dos de sus promesas al electorado. Para cumplirlas tendrá que apoyarse en el Congreso, donde no hay consenso sobre ninguna.
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