Así, las enmiendas a la totalidad de 'populares' y 'convergentes' fueron rechazadas por un total de 160 votos en contra del resto d elos grupos menos el BNG, mientras que recibieron 136 votos a favor y hubo las 5 abstenciones del BNG.
Sólo ha sido un primer trámite de la normativa, porque ahora, el Proyecto de Ley pasará a la Comisión de Fomento y Vivienda para debatir las enmiendas al articulado. En cualquier caso, la tramitación parlamentaria se prevé sin complicaciones, dado que el Gobierno ya cuenta con los apoyos de IU-ICV, ERC y del propio PSOE.
Además, Martía Antonia Trujillo firmó en julio pasado una declaración en la que estos dos grupos se comprometían a respaldar la Ley del Suelo a su paso por el Congreso.
Durante su intervención para presentar el texto del proyecto de ley, la titular del ministerio de la Vivienda ha resaltado que "es un proyecto en contra de la especulación urbanística, a favor de la transparencia y la participación de ciudadanos y para hacer ciudades más sostenibles y cohesionadas".
También ha negado que suponga una ingerencia en las competencias autonómicas, como criticaban por separado los grupos de CiU y BNG.
UGT: frenar la especulación
Con respecto a esta Ley, el sindicato UGT pidió a los grupos parlamentarios que eliminen "cualquier componente especulativo" para que "vele por el interés de los ciudadanos y garantice una ordenación territorial favorable a la actividad económica y el empleo".
En un comunicado, defendió el proyecto, que hoy ha superado su primer trámite parlamentario con el apoyo de IU-ICV, PSOE y ERC, ya que "va por buen camino" en la corrección de las "deficiencias" de la ley vigente.
Por otra parte, el sindicato apuntó que la enmienda parcial presentada por el grupo socialista al artículo 15 del Proyecto de Ley, por la que se propone que una actuación urbanística que conlleve un aumento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado de un municipio tenga que ser autorizada por el correspondiente Gobierno Autonómico, "puede contribuir a reforzar un desarrollo urbanístico sostenible y fortalecer la función del Estado en esta materia".
Finalmente, indicó que la ley que se apruebe debe considerar que la competencia del Estado se circunscribe únicamente a la legislación sobre el suelo y no sobre temas urbanísticos, e incluir criterios medioambientales y de sostenibilidad del desarrollo urbanístico
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