En la providencia, dictada el pasado jueves y a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez ordena deducir testimonio e incoar nuevas diligencias previas por los dos presuntos delitos anteriormente reseñados, todo ello "a la vista de las presuntas irregularidades cometidas en el concurso público sobre el derecho de opción de compra" de los terrenos de Mercasevilla. En este sentido, y dentro de estas nuevas diligencias, la juez Mercedes Alaya Rodríguez ha citado a declarar el próximo día 25 de septiembre a partir de las 10,00 horas al vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero, también vicedecano del Colegio Oficial de Abogados de Sevilla. Asimismo, la juez ha citado a declarar el día 28 del presente mes, en calidad de testigo, al presunto intermediario Juan Lanzas.
Jorge Piñero ha sido citado en calidad de imputado después de que su declaración en calidad de testigo fuera suspendida tras las declaraciones de A.R.M. y M.V.B., los técnicos que elaboraron el informe de estudio y valoración de las ofertas para la adjudicación por concurso de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla,adjudicado a Sando pese a presentar una oferta peor que la del Grupo Noga. En este sentido, A.R.M. y M.V.B., ya mostraron su extrañeza ante el hecho de que en el pliego de condiciones se incluyera una cláusula relativa a la limitación al alza del precio. En su declaración como testigo ante la juez de Instrucción número 6, A.R.M. señaló que, en cuanto al pliego de condiciones, su intervención se limitó a fijar el precio de salida y el índice de revisión anual de este precio, así como buscar la fórmula estadística para la baremación del concurso, aseverando que fue el ex directivo de Mercasevilla Fernando Mellet quien le transmitió que la junta de accionistas decidió no solo la fórmula de concurso público sino la limitación al alza del precio al objeto de "no convertir la venta de los terrenos en una subasta". Así, y tras reseñar que de haber dependido de él no se hubiese limitado al alza el precio de la opción de compra y el de la compraventa, pone de manifiesto que para buscar la fórmula estadística de cara a la baremación del concurso pidió un informe al Departamento de Estadística de la Facultad de Económicas de Sevilla, quien emitió un informe y su correspondiente factura donde se indicaba la formulación de cómo había que aplicar las diferentes variantes del pliego de condiciones en relación a las distintas ofertas económicas. En este sentido, señaló que en esa fecha "ya supone" que tendría conocimiento de la condición posteriormente recogida en el pliego acerca de que las ofertas que fueran superiores en más de diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas se considerarían "desproporcionadas", al tiempo que aseguró que en la redacción del pliego de condiciones tuvo una intervención "importante" el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de Mercasevilla.
Por su parte, la otra técnico, M.V.B. -que coincidió con su compañero en desvincular a la trabajadora Regla Pereira del concurso-, reconoció en su declaración su intervención en la elaboración del pliego de condiciones para el concurso de cesión de suelos, señalando además que "por razones de legalidad, transparencia, publicidad y concurrencia", vio adecuado el concurso público, al tiempo que indicó que la cláusula de limitación al alza del precio se incluyen en el pliego de condiciones "para evitar la especulación por parte de la entidad adjudicataria". Así, puso de manifiesto que, en virtud de esta cláusula, se consideró que, "pese a que la oferta de Noga era superior a la de Sando, al alejarse la oferta de Noga de la media aritmética, se le otorgó una puntuación de 0 en el precio final de la compraventa", añadiendo además que lleva 23 años trabajando en el Ayuntamiento, interviniendo en muchos concursos públicos, y ha sido este de Mercasevilla "el único" en que ha visto la cláusula contenida en el pliego de condiciones del alza desproporcionada del precio.Tras decir que desconocía si el concurso público fue "dirigido" para otorgar a Sando la opción de compra, la técnico señaló que, partiendo de la idea de que Mercasevilla y el Ayuntamiento era evitar la especulación, con la sola fórmula del concurso público en lugar de la subasta, sin necesidad de la cláusula de la limitación del precio al alza, hubiese sido "suficiente" para evitar esos fines especulativos.
Por otra parte, el Grupo Popular defenderá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que demanda a la Cámara andaluza que inste al Gobierno andaluz a personarse en las diligencias previas iniciadas en el llamado caso Mercasevilla. En la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, los 'populares' piden que el Gobierno andaluz se persone en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, así como en todas las que se hayan abierto o puedan iniciarse relacionadas con el caso, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En la exposición de motivos, el PP-A recuerda que Mercasevilla es una sociedad mercantil de titularidad pública, propiedad del Ayuntamiento de Sevilla (51 por ciento), de la sociedad nacional Mercasa (48,5 por ciento) y de otros accionistas (0,50 por ciento). Asimismo, subraya que la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, "aparece citada en numerosas ocasiones en las conversaciones grabadas y que han dado lugar a la denuncia y posterior investigación judicial de las comisiones ilegales".
Los populares argumentan en la iniciativa que la "gravedad" de los hechos conocidos y denunciados en los que se afirma la existencia de una supuesta trama en el cobro de comisiones que afecta a la actuación administrativa y política de la Junta de Andalucía, exigen una "contundente respuesta" por parte del Gobierno Andaluz. Por ello, consideran que la Junta tiene que personarse en las causas judiciales abiertas a fin de proteger el derecho a una buena administración, garantizado a todos los andaluces en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía y de velar por el buen nombre de la Junta de Andalucía, máxime teniendo en cuenta las funciones que tiene encomendadas la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia y Administración Pública y relacionadas con las fundaciones en la comunidad autónoma.
Asimismo, el PP-A asegura que "la contundencia de la denuncia, la gravedad de los hechos, la implicación de la Junta de Andalucía, según declaración de los propios imputados en las diligencias previas, y la necesidad de normalidad en Mercasevilla exige de los gobiernos andaluz y de España una actuación proactiva y decidida que garantice a los ciudadanos su clara apuesta por esclarecer todos los hechos y exigir todas las responsabilidades que se deriven de las actuaciones que están siendo investigadas".
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Im-presentable: El ruedo ibérico, de Gürtel a Mercasevilla
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