La realidad es que esta enseña de la "libre competencia y el pluralismo" llega poco después de la polémica aprobación de la TDT de pago que benefició a un grupo audiovisual en concreto, Mediapro, cuyos dirigentes tienen relaciones personales con
Zapatero y
Miguel Sebastián, algo de sobra conocido y comentado.
Y aunque el Gobierno la presenta como una forma de revisar las normas que deben regular la publicidad en televisión, hay una parte normativa muy importante. Se fijan determinadas obligaciones para la protección de los menores, legislar la publicidad y limitar algunos contenidos como la violencia, el sexo y la pornografía.
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
Asimismo, se establece el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual y, especialmente, de aquellos sometidos a la necesidad de licencia o concesión y autorización administrativa previa, supuestamente bajo la administración y gestión del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
Muchos recelos levanta este Consejo, que ya ha tenido un semejante precedente en Cataluña, el CAC (Consell de l'Audiovisual de Catalunya), cuyo criterio restrictivo a la hora de dar y quitar licencias de radio han sido de sobra comentadas y criticadas.
De la Vega defiende la ley
Según indicó la vicepresidenta
Fernández de la Vega, tras participar en el Consejo de Ministros, la futura ley era una "asignatura pendiente de la democracia" y su objetivo es establecer unas "reglas de juego" para un sector que ha sido afectado con "virulencia" por la crisis económica, pero que tiene "infinitas posibilidades de futuro".
Y ante algunas de las críticas de la Comisión Nacional de la Competencia, se ha subordinado las competencias del Consejo Estatal de Medios Audiovisual, que crea el proyecto, a este órgano. Asimismo, de la Asociación de Usuarios de la Comunicación se han incorporado observaciones en materia de derechos del menor y de comunicaciones comerciales, y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones algunas concreciones en materia de cómputo de ingresos para la financiación obligatoria de producción europea.
La futura Ley, que iniciará ahora el trámite parlamentario, establece la normativa básica para la comunicación audiovisual, las bases para la coordinación y ordenación del mercado audiovisual. Además, regula algunas de las nuevas tecnologías que ya están tomando posiciones en el mercado audiovisual como la TDT de pago, la TV en movilidad, la alta definición y la interactividad.
Los menores, protegidos
Asimismo, el proyecto de Ley permite a la ciudadanía exigir ante las autoridades competentes que actúen cuando los contenidos audiovisuales no se adecúen al ordenamiento constitucional vigente. En este sentido, la ley
prohíbe la emisión en abierto de contenidos pornográficos o violencia gratuita. Dichos contenidos sólo podrán emitirse codificados con control parental y en horarios comprendidos entre las 22.00 horas y las 06.00 horas.
Otros contenidos que puedan considerarse lesivos para el desarrollo de los menores, sólo podrán emitirse, precedidos de señales acústicas y visuales, entre las 22.00 horas y las 06.00 horas. Del mismo modo, los programas dedicados a juegos de azar y apuestas, ya sea en abierto o en codificado, sólo podrán emitirse entre la 1.00 horas y las 5.00 horas.
Asimismo, con el mismo objetivo de proteger a los menores, el proyecto regula la publicidad. En este sentido, introduce que la comunicación comercial "no deberá producir perjuicio moral o físico a los menores" y prohíbe la publicidad dirigida a menores cuando pueda explotar "su admiración hacia terceros". Además, los anunciantes no podrán vender sus productos dentro de series o programas infantiles, lo que se conoce como "emplazamiento de producto".
Licencias
También como un derecho de los titulares de las licencias regula el acceso condicional o de pago, limitándolo a un 50 por ciento de los canales concedidos a cada licencia garantizando una extensa oferta de televisión en abierto. Además, regula la inclusión de contenidos publicitarios, conforme a los criterios establecidos por la Directiva Comunitaria.
Asimismo, en el anteproyecto se establece el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual y, especialmente, de aquellos sometidos a la necesidad de licencia o concesión y autorización administrativa previa. Se regula así el régimen de concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias.
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