Que el Tribunal Constitucional está atascado es una evidencia; que cuenta con pocos medios para tantos casos, es una denuncia constante. Pero lo que es menos conocido es que más del 40 % de los asuntos a resolver por el Constitucional lo conforman los recursos de ilegales en España con orden de expulsión.
Estos recursos -interpuestos muchas veces cuando el inmigrante ilegal ya ha abandonado nuestro país- atascan toda la cadena judicial y llegan al Constitucional, incrementando el ya de por sí importante atasco de este órgano.
Lo peor de todo es que el asunto se ha convertido en uno de los grandes negocios de despachos de abogados, y, sin duda, un gran negocio para abogados del turno de oficio que cobran por ello. Aunque con la ley en la mano.
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